Luego del asesinato de 62 presos en el Estado de Maranhao, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, viajó ayer a la región y acordó con la gobernadora, Roseana Sarney, la aplicación de un plan de emergencia de 11 puntos, que incluye el traslado de los cabecillas de la cárcel de Pedrinhas, epicentro de la crisis.
La presidenta, Dilma Rousseff, por su parte, afirmó a través de Twitter que ha seguido "con atención la cuestión de la seguridad en Maranhao", y que el mes pasado había determinado "el envío de la Fuerza Nacional para dar apoyo a las acciones de seguridad del gobierno". "El Ministerio de Justicia apoya el refuerzo de acciones de los defensores públicos" agregó la mandataria por la misma vía.
Rousseff se abstuvo, sin embargo, de criticar a la gobernadora de Maranhao, cuyo padre, el senador centrista y expresidente José Sarney, es uno de los exponentes del principal socio de la coalición gubernamental, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). La presidenta respondió así indirectamente a las críticas de la prensa por el silencio de su gobierno ante la crisis carcelaria. Además, destacó que, en la reunión realizada ayer en Brasilia, el Ministerio de Justicia acordó con Sarney la creación de un comité de emergencia para afrontar el conflicto.
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