La presentación fue realizada por el procurador general de Rentas, Hernán Pérez Araujo, y está firmada además por el fiscal de Estado, José Vanini, y los abogados patrocinantes Gerardo Conte Grand y Gregorio Badeni.

La petición de amparo, según se informó desde Casa de Gobierno, se fundó en las siguientes razones: a) Porque en el período de deshielo que acaece en nuestro país aproximadamente a partir de los meses de octubre/noviembre de cada año se produce una crecida de las aguas; b) Hasta la fecha, las provincias aguas arriba deciden en forma unilateral acopiar el agua de las mencionadas crecidas violando el derecho al agua y generando daño ambiental; c) Contrario a ello, dichas decisiones no pueden ser tomadas de ese modo, sino que deben ser adoptadas por la Nación y todas las provincias que integran y comparten la Cuenca; d) Esta voluntad conjunta se debe formar en el ámbito del Comité de Cuenca y tener carácter vinculante en relación a la utilización de las aguas interjurisdiccionales.

“De omitir el Ejecutivo Nacional adoptar las medidas necesarias para que en un plazo razonable y con la anticipación suficiente a que comience el período de deshielos se encuentre en pleno funcionamiento el Comité, las provincias aguas arriba nuevamente almacenarán o reservarán las aguas en forma unilateral, indiscriminada y arbitraria”, se advirtió.

“Todo ello genera un grave perjuicio ambiental en la provincia de La Pampa, violentando el derecho humano al agua y a un medio ambiente equilibrado”, señala la Provincia en la presentación.

"Consecuentemente, se requirió al Tribunal que al momento de dictar sentencia condene al Estado Nacional, para que convoque a la formación del Comité que se solicitó por medio de la acción de amparo y dicte las resoluciones necesarias para la aplicación de la Ley de Gestión Ambiental de Aguas N° 25688 (artículo 9). Asimismo se solicitó que se ordene el llamamiento a su constitución en el plazo de 10 días, delineando que el Comité de Cuenca a conformarse tenga como principios la sustentabilidad del ambiente equilibrado y sano (artículo 41 Constitución Nacional)", indica.

"Se expuso ante el Tribunal Supremo que toda el agua que conforma la Cuenca es almacenada por las provincias río arriba mediante las obras hidráulicas existentes sobre los ríos afluentes del Desaguadero – Salado en las provincias de San Juan y Mendoza generando a la provincia de La Pampa daños ambientales y contaminación por salinización", explica la demanda.

Agrega que "al ser almacenada el agua se producen bajantes de caudales y necesariamente el aumento de salinidad en la región con un fuerte impacto en el ambiente que se extiende a la totalidad de los seres vivos involucrados en el ecosistema. Es así que la desaparición del medio acuático ha interrumpido el ciclo biológico de gran variedad de peces, aves, reptiles, mamíferos y especies vegetales, repercutiendo negativamente en la biodiversidad porque no solamente se ven afectados sus hábitos alimenticios y condiciones de vida, sino que también se han visto alteradas profundamente sus condiciones de reproducción, distribución, nidificación, etc.".

"En resumidas cuentas, se expuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los impactos generados por los distintos aprovechamientos (domésticos, irrigación, industrial y energétgico) aguas arriba y la desaparición de los escurrimientos del Salado – Chadileuvú es un hecho que genera grandes perjuicios, provocando así una situación de desastre hídrico -ambiental, económico y social a la provincia de La Pampa, impactando negativamente sobre la evolución poblacional y productiva regional", completa.

"Todo conlleva a que deba crearse el Comité de la cuenca hídrico Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó – Colorado como ámbito de discusión y planificación conjunta de todas las provincias integrantes, que ponga fin a la situación de inequidad en el uso y manejo de los caudales del sistema hídrico", finaliza.