El planteo se llevó a cabo luego de que el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, citara a Díaz y a otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, por presunta “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones.

Luego de que el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, fuera llamado a indagatoria por la Justicia salteña, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó su “inmediata separación” del cargo hasta tanto se resuelva el proceso judicial en cuestión. 

El planteo se llevó a cabo luego de que el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, citara a Díaz y a otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, por presunta “administración fraudulenta” en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones. 

La causa – según señalaron desde la CPM-  investiga irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta que habrían derivado en un “régimen de hambre” para los detenidos. En ese sentido, plantearon que “en virtud de haberse implementado actualmente en el SPB un sistema de viandas similar al denunciado en el SPF, la CPM solicita con carácter urgente una auditoría externa”. 

“Frente a la gravedad de la denuncia y el inminente avance de la causa, la CPM solicitó al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que desplace a Fernando Díaz del cargo de jefe del SPB. Sólo con decisiones políticas contundentes que penalicen y limiten la acción fraudulenta de los funcionarios responsables de administrar las instituciones de encierro en nuestro país se podrá a transformar este efectivo sistema de la crueldad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos”, indicaron desde el organismo provincial en una gacetilla de prensa. 

Cuando en diciembre de 2015 la gestión de María Eugenia Vidal designó a Fernando Díaz como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la CPM manifestó rápidamente su preocupación: sus antecedentes en el mismo cargo cuando ocurrió la masacre de Magdalena, en 2005, no eran señal de que el periodo iniciado rompiera con el pasado sino, más bien, una marca de continuidad. Y su desempeño en el Servicio Penitenciario Federal durante los últimos años indicaba lo mismo.