Para ese organismo, los gobernantes deben estar al servicio de la Ley y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan: "la independencia de los jueces en la Argentina es la única garantía para que eso se cumpla".

El texto recuerda la importancia de los "equilibrios" en la administración de la Nación, "condición indispensable para la vigencia de la forma republicana de gobierno adoptada por nuestra Constitución Nacional.

En la República "es esencial el equilibrio de los poderes, la eficacia de los controles sobre los gobernantes y la limitación de su acción, entre otros mecanismos por la periodicidad en el ejercicio de los cargos, y por el control que ejercen los jueces de la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. En la República los gobernantes están al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla", afirma Justicia y Paz.

En el documento, también afirman que "una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias. Los conflictos que afectan a la mayor parte de la población, comenzando por los más pobres, se dirimen en tribunales provinciales. Pensando en los pobres y los más débiles, una de las metas que deberían tener los gobernantes es organizar una Justicia de menor cuantía, cercana y de bajo costo, a la que todos puedan tener acceso y que resuelva los litigios con celeridad y sencillez".

En ese sentido, remarcan que "cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más necesitados. En la Argentina, en general solamente los pobres van a la cárcel, y padecen allí la ausencia de condiciones mínimas de dignidad".

Por otra parte, afirman que "después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales".

Más adelante, el texto señala que resultan "inadmisibles" las presiones sobre los jueces de grupos o poderes económicos, "y en caso de ser comprobadas deben ser sancionadas aplicando con rigor las leyes que ya existen para eso".

"Sin embargo, del mismo modo que se afirma con acierto que la violencia ejercida por el Estado es más grave que la ejercida por grupos armados no estatales, precisamente por el mayor poder que tiene el Estado y por su rol de garante de la legalidad, son aún más repudiables las presiones y condicionamientos ejercidos sobre los jueces por los poderes públicos, de modo abierto o subrepticio", descargan.

Al mismo tiempo, la CEA sostiene que "la utilización del poder estatal, o la amenaza de su uso, para torcer la voluntad de los jueces a favor de los intereses del Gobierno, merecen la mayor condena y no pueden ser nunca justificadas alegando supuestas o reales presiones pretendidamente simétricas ejercidas por privados".

En lo que respecta al proyecto de elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la Comisión apunta que "es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional, y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias".

"La politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria. Los poderes elegidos por voto popular directo (Congreso y Poder Ejecutivo) tienen ya un rol definido por la Constitución en el proceso de selección de jueces", agregan.