La idea del gobierno de Hermes Binner es entregar a fin de este mes los dineros que corresponderían a la amortización de la primera cuota de esos créditos mientras se espera la autorización de la Caja de Valores SA para colocarlos en el mercado. Así lo informó el Fiscal de Estado de Santa Fe, Jorge Barraguirre, quien también explicó que en el mismo acto se abonarán las dos primeras cuotas -correspondientes a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril- en efectivo que estaban comprometidas cumplir en el plan de pagos.

En sólo tres días hábiles que tuvo la semana pasada más de 400 ex bancarios transferidos se inscribieron para firmar el convenio transaccional que la provincia propuso para saldar una de las deudas más viejas que generó el Estado durante el proceso de privatizaciones. El monto total pactado, a cancelar durante cuatro años con efectivo y bonos cotizables en bolsa, es de 40 millones de pesos.

Además, pese a que todavía no se emitieron los títulos públicos -que se habilitaron instrumentar por ley- para abonar una parte del reclamo, la idea del gobierno de Hermes Binner es entregar a fin de este mes los dineros que corresponderían a la amortización de la primera cuota de esos créditos mientras se espera la autorización de la Caja de Valores SA para colocarlos en el mercado.

Así lo informó a Diario UNO el fiscal de Estado de la provincia, Jorge Barraguirre, quien también explicó que en el mismo acto se abonarán las dos primeras cuotas -correspondientes a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril- en efectivo que estaban comprometidas cumplir en el plan de pagos.

La propuesta para las 999 personas que representan el universo de casos declarados admisibles, a su vez, incluye otras garantías en términos salariales, jubilatorios y de escalafonamiento en la administración pública. En tanto, para aquellos reclamantes que no fueron aceptados se les otorgará dentro de 10 días la posibilidad de tener el derecho de impugnar la inadmisibilidad, sin necesidad de presentar un recurso de reconsideración ante el Poder Ejecutivo.

En relación a la deuda, es de recordar que la diferencia entre el monto total de cada uno de los acuerdos menos la suma cancelada con títulos será abonada en efectivo, en 10 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas. Mientras que los "bonos de cancelación de deudas (Bocade)", que aún restan emitir, serán amortizables en 16 cuotas trimestrales, iguales, fijas y consecutivas (desde enero de este año), con un interés anual del 12 por ciento, con cotización en el mercado secundario de las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario.

La génesis del problema

Dicha respuesta fue el resultado de un arduo trabajo del gobierno de Hermes Binner a través de la Fiscalía y los damnificados, que en gran medida contó con el aval de la Legislatura santafesina. En tal sentido, el problema con los ex trabajadores del Banco Provincial comenzó con la interpretación de la Ley Nº 11.687, de privatización de la entidad estatal, que contenía una garantía de intangibilidad salarial que se licuó a lo largo de los años.

Ese beneficio implicaba que aquellos empleados bancarios que optasen ser transferidos a otras áreas del Estado iban a seguir percibiendo las remuneraciones que tenían con el convenio colectivo de los bancarios. Sin embargo, en 2003 la intangibilidad comenzó a ser discutida porque, después de varios años de emergencia económica en Santa Fe, los incrementos otorgados a los empleados públicos comenzaron a ser muy superiores a la de los bancarios.

"Cuando se cruzan ambas curvas de ascensos salariales se produce una eclosión en el sistema y ahí comienzan las reclamaciones. Esto también estaba producido porque entre 1997 y 2003 los ex bancarios no fueron incorporados a la administración, entonces las políticas salariales del Estado no impactaban en los sueldos bancarios", indicó Barraguirre.

"O sea -continuó- que eran (esos trabajadores) como un tercer género, ya no eran más bancarios, tampoco de la administración pública, sino que eran ex bancarios transferidos que tenían un régimen especial de aumentos que a lo mejor contemplaba un aumento salarial de sólo 50 pesos más por año".

Según el fiscal de Estado, "de alguna manera esa situación se soluciona en 2005 cuando se sanciona el Decreto 2.557, que establecía todo el proceso de reescalafonamiento que había fracasado en los ocho años anteriores". No obstante, "eso da motivos a una segunda ola de quejas, que tiene que ver con las famosas recategorizaciones que se hicieron".

"Las distintas recategorizaciones produjeron tensiones hacia el interior del grupo, porque de acuerdo a la repartición a la que te ibas tenías un régimen salarial distinto. Por ejemplo, un ex bancario transferido que termina siendo portero de una escuela, porque no había dónde reubicarlo en el pueblito donde atendía la sucursal del banco", manifestó.

La respuesta del Estado

-Barraguirre, ¿qué es lo que falta para que se puedan emitir los títulos públicos cotizables en bolsa?

-Hay una cuestión administrativa en el medio, y tiene que ver con los tiempos de respuesta de la Caja de Valores, que es quien los debe emitir. Se están haciendo todos los trámites desde el Ministerio de Economía de la provincia, que son quienes están manejando este tema y están ultimando los detalles de la emisión.

-Entre las cuotas del pago en efectivo y lo que correspondería a la amortización de los títulos, ¿cuánto es lo que habría que abonar a fin de mes?

-Lo que hay ahora comprometido es algo así como tres millones para los bancarios. La noticia es que nosotros estamos dando los turnos para que la gente venga a suscribir los acuerdos de 13 a 16 horas en Fiscalía de Estado, y ya se otorgaron 350 turnos sobre un total de 999 casos declarados admisibles.

Pero el menú elegido para resolver el conflicto tuvo varias aristas, y no sólo incluye el pago en efectivo y con títulos públicos de la deuda que se generó por la mora en los escalafonamientos y como reparación por las políticas salariales que no se otorgaron, sino también aspectos jubilatorios y compensaciones por las diferencias que generaron las recategorizaciones, entre otras cosas.

Al respecto, también se cancelará a los trabajadores del ex banco estatal un retroactivo -desde 2007 hasta 2009- por la no actualización de un adicional que se creó cuando fueron reubicados en la administración central. Se trata de una deuda de alrededor de 8.350.000 pesos.

Sobre ese tema, Jorge Barraguirre explicó: "El decreto Nº 268, que se firmó ahora, descongeló la mochila. Los ex bancarios se transfirieron con un suplemento que era para los fines de mantener el nivel remuneratorio que tenían, o sea que podían ser reescalafonados en una categoría inferior pero en esos casos se les otorgaba un adicional que les garantice el piso salarial que les correspondería".

"Eso siempre estuvo congelado, y el gobierno anterior (de Jorge Obeid) lo intentó descongelar en 2006, después de que el Poder Ejecutivo vetó una ley que proponía dar a los trabajadores el trato de bancarios y no de agentes públicos. Como contrapropuesta se lanzó aquella oferta pero no se tomó en cuenta, así que ahora nosotros la vamos a cumplir con alrededor de 600 personas", contó el fiscal.

"Por otro lado, se les dio una especie de reconocimiento global a una determinada categoría ficta (que es superior a la que tenían), entonces durante cinco años se les hará ese reconocimiento a los fines de que ellos mejoren sus posiciones jubilatorias. Ésta es una vía alternativa en lugar de comenzar a revisar todos y cada uno de los actos de reasignación que hubieron", finalizó el arquitecto del acuerdo con los bancarios. (Uno)