El juicio, de acuerdo con información judicial, comenzará mañana a las 7.30 en la Cámara Segunda en lo Criminal, integrado por los magistrados Lidia Lezcano, Raúl Yurkevich y Víctor del Río.

Las primeras denuncias fueron formuladas en 1999 y se referían a irregularidades detectadas en la vicegobernación, donde Pibernus rendía gastos por donaciones y refrigerios que tenían una particularidad común: eran muchas facturas, y todas por más de 900 pesos y menos de 1.000.

Si hubieran sido erogaciones superiores a ese monto, tendrían que haberse realizado por concurso de precios. Sin pasar ese techo, podían ser compras directas.

La principal promotora de la investigación fue la entonces diputada provincial María Inés Pilatti Vergara, que comenzó a recorrer las escuelas rurales en las que Pibernus había realizado agasajos a niños y docentes. La legisladora se encontró con que en esos establecimientos nadie había visto a Pibernus y no había disfrutado de agasajo alguno.

Además, haciendo números, los montos no tenían sentido. En aquel momento, por ejemplo, con 900 pesos se podía comprar una torta de más de 100 kilos, y algunas de las escuelas declaradas en las rendiciones de gastos tenían menos de 20 o 30 alumnos.

Al profundizar las averiguaciones, Pilatti se encontró con otros casos insólitos, como facturas por compras de abrigos para niños en pleno verano chaqueño o regalos supuestamente entregados al extinto Raúl Alfonsín en la misma época en que estaba en el sur internado tras un grave accidente automovilístico.

Pilatti y la investigación del fiscal que tomó el caso terminaron llegando a la conclusión de que las donaciones eran inexistentes y se facturaban de manera fraudulenta. Algunos de los proveedores, además, eran supuestas rotiserías que declaraban domicilios en los que había casas comunes y no comercios.

El gobierno de Ángel Rozas y sus diputados cerraron filas en torno del vice, salieron a descalificar a Pilatti y sus denuncias, pero sin poder cumplir con el objetivo. Finalmente, llegó el momento de la Justicia, que tendrá la última palabra a partir de mañana y hasta que dure el juicio oral y público.