Con la participación de un jurado popular, comienza hoy el juicio por el asesinato del taxista Rogelio San Miguel, ocurrido en julio de 2011. El único imputado es Gerardo Fuentes, el joven de 27 años que la semana pasada fue condenado a prisión por otra causa que lo imputaba por el robo y tentativa de homicidio contra el fletero Ángel Casagrande.

El debate tiene previstoa la participación de doce jurados titulares y cuatro suplentes que, durante las tres jornadas que se extenderán hasta el miércoles 17, escucharán lo que las partes planteen sobre lo que ocurrió aquella jornada en la que San Miguel subió, en la parada de Fava y Olascoaga, a dos falsos pasajeros que luego de cinco cuadras lo intimidaron para robarle y uno de ellos lo apuñaló provocándole la muerte. Fuentes judiciales informaron que para el primer encuentro está programado que la fiscalía presente el caso y que al menos declaren tres testigos.

Gerardo Fuentes, de 27 años, está acusado por el delito de homicidio en situación de robo, por el que la legislación argentina prevé la pena de prisión máxima.

La semana pasada, durante la audiencia previa al juicio, el defensor oficial de Fuentes, Daniel García Cáneva, había solicitado a la jueza Ana Malvido que se posponga el inicio del juicio, argumentando su reciente acercamiento a la causa luego de la renuncia de Juan Manuel Coto, defensor particular del imputado. La magistrada no hizo a lugar al pedido de Cáneva, y dispuso el inicio del juicio en la fecha que estaba prevista, hoy 15 de septiembre.

La fiscalía estará a cargo de Maximiliano Breide Obeid, Facundo Trova, Alejandro Bustamante, que representarán a la querella, mientras que la defensa fue asumida por el defensor oficial Daniel García Cáneva. Desde la Oficina Judicial informaron que la audiencia comienza a las 8.30 en las dependencias judiciales de Antártida Argentina.

Una defensa efectiva

“La obligación constitucional del Estado de garantizar la defensa en juicio no implica solamente el deber de proveer de defensa a quien lo requiera, sino que obliga a que se deban adoptar todos los medios necesarios para poder asegurar una asistencia legal, efectiva y eficiente”, manifestó Ricardo Cancela, defensor general, en respaldo al pedido  de Cáneva de posponer el juicio.