El ex Juez federal tucumano Manlio Martínez deberá responder desde hoyen juicio oral y público, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

Está acusado por "cajonear" más de 300 hábeas corpus durante el Operativo Independencia. El debate, que por primera vez juzgará a un miembro del Poder Judicial tucumano, comenzará el miércoles 29 en el Tribunal Oral Federal de Tucumán.

Según señaló la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, al ratificar la elevación a juicio, Martínez actuó "garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, que llegaron a su conocimiento en su carácter de Juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores".

Durante el proceso, Martínez deberá responder a otras acusaciones que se le imputan: asociación ilícita durante el terrorismo de Estado, encubrimiento de crímenes, abuso de autoridad y privación ilegal de libertad. A estos delitos se suma la imputación como "partícipe secundario" en un quíntuple homicidio.

Los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña acusan a Martínez por su actuación como Juez tras la ejecución extrajudicial, ocurrida el 20 de mayo de 1976, de los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz, en una casa de la Capital tucumana.

También le imputan los delitos de los que luego fue víctima el propietario de esa casa, Miguel Romano, quien estuvo recluido en el centro clandestino de detención de la Jefatura de la Policía provincial y fue torturado por el personal del Servicio de Informaciones Confidenciales.

"Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas 'legalizadas' eran pasadas por alto por el ex Juez, que aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura", apuntaron desde la Fiscalía en el pedido de elevación a juicio contra el Magistrado.

Los fiscales resaltaron que "pese a la gran cantidad de denuncias que tenía en su despacho, nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables".

Según la Fiscalía, existen pruebas suficientes de que Martínez, a través del incumplimiento de sus deberes como funcionario público, avaló esos homicidios y la privación ilegítima de la libertad de Romano, quien estuvo detenido en un centro clandestino con la complacencia del ex magistrado que le dictó tres meses de detención.

Martínez, según los fiscales, actuó de esa forma para garantizar la impunidad de los policías y militares que cometieron estos hechos materialmente o de quienes dieron las órdenes para que se cometieran.

La causa estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán integrado para el juicio por María Alicia Noli, Hugo Norberto Cataldi y José Fabián Asis.

Actuarán en representación de la acusación pública Peralta Palma y Camuña; mientras que los representantes de la querellas serán Bernardo Lobo Bugeau, Pablo Gargiulo, Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison.

Las audiencias seguirán el 30 de octubre, 6, 7 y 13 de noviembre, el tribunal escuchará las declaraciones de 62 testigos.

“Me dio 20 años de condena sin ninguna prueba”

El secretario de Derechos Humanos de la provincia Humberto Rava se refirió al proceso contra Martínez por encubrimiento en la masacre del barrio Echeverría. "A mi me dio 20 años de condena, sin ningún tipo de pruebas ni nada. La connivencia civil con el golpe fue tan grande como la misma participación de los militares, como lo están demostrando las responsabilidades de los jueces como este señor que está a disposición de la Justicia", puntualizó.

Segunda parte 

Se trata de la segunda parte de la causa Romero Niklison. La primera parte se desarrolló entre febrero y marzo del 2012. Por aquel entonces Luciano Benajmín Menéndez y Roberto Albornoz fueron condenados a perpetua.

La pena impuesta a Menéndez y Albornoz fue por los delitos de violación de domicilio y homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de las víctimas. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 1976. En la casa de la familia, ubicada en el barrio Echeverría, de la capital tucumana, el 20 de mayo de 1976, María Romero Niklison mantenía una reunión con otros cuatro militantes de la organización Montoneros.

Durante el juicio quedó demostrado que fuerzas conjuntas del Ejército y de la policía provincial tomaron por asalto la casa de los Romero Niklison y, simulando un enfrentamiento, asesinaron a todos los moradores.

Uno de ellos, Fernando Saavedra Lamas, había logrado huir pero fue acribillado en una iglesia cercana, donde trató de esconderse. 

Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron llevados a la jefatura de la policía de Tucumán y posteriormente inhumados en fosas comunes ubicadas en el cementerio del Norte de San Miguel de Tucumán.

En este sentido quedó acreditado en la audiencia que las cinco víctimas murieron como consecuencia de fusilamientos realizados por fuerzas de seguridad militares y policiales