El miércoles 3 de marzo será una fecha clave para el futuro del controvertido juez de Sentencia, Mauricio Frois, suspendido desde hace casi un año por irregularidades detectadas en su juzgado. Ese día se realizará la denominada "audiencia de vista de causa", en la cual el procurador de la Corte, Agustín Bassó, tendrá la posibilidad de acusar formalmente al magistrado. A su vez, Frois podrá defenderse de las acusaciones en su contra.

Para el lunes 15 de marzo está previsto que el tribunal dicte su sentencia, a través de la cual podrá restituir al juez en sus funciones o destituirlo del cargo.

Si el tribunal no cumpliera estos plazos, se corre el riesgo de que el proceso termine naufragando, pues la ley de Enjuiciamiento de Magistrados establece un plazo de 210 días hábiles -que se cumplen el mes entrante- para que el jury dicte sentencia. Si no hubiera resolución, el juez investigado debería volver a ocupar su puesto y a cobrar la totalidad de sus haberes, pues mientras se encuentra suspendido percibe el 50 por ciento del sueldo.

De todos modos, en este caso el plazo podría extenderse a 240 días, pues así lo establece la ley cuando existe más de una denuncia contra el magistrado investigado. Frois fue denunciado por Bassó y por el juez correccional José Luis Giavedoni, quien solicitó su desafuero para poder investigarlo penalmente.

El 17 de marzo del año pasado también se inició el jury al entonces juez de Instrucción, Pedro Guevara. Sin embargo, el proceso se cerró en diciembre pasado y el magistrado goza en estos momentos de su jubilación.

Ocurre que Guevara había presentado su renuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia antes de la apertura del jury. El máximo tribunal aceptó su dimisión. Sin embargo, restaba aguardar la decisión del gobernador de la provincia.

Cuando el jury ya estaba en marcha, Hermes Binner aceptó la renuncia de Guevara, por lo que se resolvió cerrar el caso sin que el tribunal de enjuiciamiento se expidiera sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, Guevara continúa siendo investigado penalmente por Giavedoni.

Pedidos de destitución

En febrero del año pasado, el procurador Bassó y el juez Giavedoni pidieron formalmente la apertura de un jury contra Frois y Guevara, con el objetivo de que se evalúe la posibilidad de destituirlos y, de esa manera, pudieran ser investigados penalmente por delitos tales como incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, prevaricato y abuso de autoridad.

Ambos magistrados venían siendo investigados desde 2008 por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Julio de Olazábal, quien detectó cuantiosos elementos que incrementaron las sospechas. Un relevamiento solicitado por el procurador Bassó arrojó resultados que, por lo menos, pueden ser catalogados como sorprendentes: entre 2006 y 2007 prescribieron en el juzgado de Frois alrededor de 600 causas. Del total, en 306 casos no se respetaron los plazos legales para decidir y en otros 287 se detectaron "irregularidades de tramitación".

Además, dicho estudio resaltó que en 125 de estos casos, el juez ni siquiera solicitó a la policía los antecedentes penales de los sospechosos, mientras que en 122 no aparecieron los informes del Registro Nacional de Reincidencia.

Según De Olazábal, en 142 de las causas que prescribieron, este Juzgado no actualizó los datos de los imputados a pesar de que existía información sobre existencia de otros casos.

Pero tal vez el dato más llamativo fue que gran parte de estas causas prescriptas tuvieron la participación del mismo fiscal -luego promovido a juez-, Pedro Guevara, quien nada hizo para evitar dichas prescripciones.

De Olazábal concluyó que "han quedado evidenciadas numerosas irregularidades, imputables a los doctores Mauricio Frois y Pedro Guevara... En la mayoría se habrían producido quebrantamientos de leyes, cuyo cumplimiento incumbía a los nombrados".

Al describir dichas irregularidades, De Olazábal sostuvo que ambos magistrados podrían haber incurrido en delitos tales como prevaricato, incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos o abuso de autoridad.

El Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, miembros de las cámaras de Diputados y Senadores, más los cinco Colegios de Abogados de la Provincia.