Aunque el motivo excluyente de la audiencia era cuantificar una masa de subsidios para sostener al menos 1.000 puestos de trabajo en el sector comercial, finalmente el CEC, las cámaras empresarias y la Subsecretaria de Trabajo acordaron trabajar en conjunto contra la informalidad laboral.

El punto de partida es el 40% de trabajadores que, según el gremio, el comercio mendocino emplea en negro, lo que dirigentes empresarios y gremiales consideran una “competencia desleal” que se siente más en tiempos de caída de ventas, ante lo cual se planteó además la necesidad de una alícuota diferencial de Ingresos Brutos y contar con una moratoria.

Fue el corolario de la reunión realizada en la Subsecretaría a la que asistieron la Cecitys, la UCIM y FEM, y representantes del CEC, que la semana pasada la había solicitado ante los despidos concretados en algunos rubros, y que se volcó en un acta compromiso a última hora.

De acuerdo a las estimaciones, en lo que va del mes de julio ya suman casi un centenar, de la mano del cierre de locales comerciales que la Cámara empresaria calcula en alrededor de 20 en ese lapso.

Que en Mendoza 4 de cada 10 trabajadores del comercio estén desempeñándose informalmente es un dato que preocupa tanto al sindicato como a las entidades.

Así, con más de 21 mil registrados entre comercios, servicios, mayoristas y supermercados, se desprende que unos 14 mil están empleados en negro, y por lo tanto no cuentan con beneficios previsionales ni cobertura de salud de ningún tipo.

“Convinimos trabajar en conjunto contra la informalidad a partir de inspecciones y con la aplicación de multas, además de contar con facilidades para blanquear personal. En general, hubo buenas noticias para las pymes”, señaló Alberto Minzer, presidente de Cecitys, que nuclea a 8 mil comercios de la Ciudad y venía enfocándose en una suerte de efecto dominó: la merma en las ventas, la consecuente baja de persianas de los locales y el efecto ajuste en puestos de trabajo.

Sobre las facilidades, desde el Gobierno anticiparon que en agosto se prevé reglamentar la nueva ley de Empleo que contempla quitas de aportes.

Competencia desleal

Una cuestión central fue lo que todos califican como “competencia desleal” de quien no tributa frente a las firmas registradas. En la mesa tripartita se defendió con números: una pyme registrada de 6 o 7 empleados afrontaba hasta mayo cargas patronales (Formulario 931 de Afip) de $ 2.137 por trabajador, y $ 3.200 en junio.

Obligación que representa casi 35% del salario bruto actual, y que operadores “en negro” evaden para engordar sus ganancias, magras en tiempos recesivos.

Ayer por la tarde, las partes terminaron de consensuar el convenio por escrito. Guillermo Pereyra, secretario general del CEC, anticipó que “no tenemos poder de policía, pero cada denuncia que recibimos se la vamos a retransmitir a la Subsecretaría. Veníamos de un 35% de trabajo en negro, hoy es 40% y seguirá acentuándose con la recesión si el Estado provincial no actúa, porque falta una política contra la informalidad: tiene que inspeccionar y controlar a más de 14 mil personas que trabajan ilegalmente, y velar por su salud”.

La ocasión sirvió para volver a poner sobre el tapete el cuestionamiento a La Salada en Santa Rosa, habitual centro de críticas desde la FEM y ahora también desde el CEC, que se extendió a las ferias persas del radio céntrico.

“Compartimos la preocupación del sindicato ante la realidad del comercio, porque la gente tiene que comer y no cargar con la culpa de lo que está pasando, como ocurre en todo el arco de la actividad económica.

El trabajo informal es alto en Mendoza, como ocurre con el transporte y alojamientos truchos en el turismo, y mantener el empleo cuesta cuando en plena temporada de vacaciones tenemos 50% de ocupación. Lo que necesitamos es que las autoridades nos dejen trabajar”, remarcó Daniel Ariosto, titular de la Ucim (Unión Comercial e Industrial de Mendoza).

Ingresos Brutos y asistencia

Pero el cónclave no se agotó allí: las cámaras, con apoyo gremial, solicitaron, junto a una moratoria para regularizar deudas, una alícuota diferencial de Ingresos Brutos atada a la menor facturación.

“Existe una brecha del 50% o más en ese punto con San Juan o Buenos Aires. Ahora que no hay actividad, el comercio lo necesita, teniendo en cuenta que aporta el 28% al PBI y nunca recibió subsidios”, redondearon.

El Gobierno tomó nota y recogió el guante para avanzar en la gestión ante Nación de los subsidios al empleo. Ayer mismo, la directora de Empleo, Dora Balada, transmitió a las cámaras condiciones para acceder, con prioridad en las mipymes.

Para Ariosto, tras una reunión de la Cámara Argentina de Comercio con 16 dirigentes regionales, “hay que atacar la infección pero el subsidio no dejará de ser un paliativo. La ayuda llega tarde porque muchos están vendiendo sus bienes de capital; se necesita frenar la inflación, reducir aportes y contener el gasto público”.

La ley de empleo y el compromiso oficial

Es la apuesta a incentivar el trabajo registrado que el Gobierno transformó en la nueva ley nacional de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral a fines de mayo.

La norma tendrá vigencia, según trascendió ayer, a partir de su reglamentación en agosto, y es parte del plan para recortar el 40% de informalidad del comercio local.

Para fomentar el empleo en blanco, el Gobierno propone exceptuar del pago de los aportes patronales a microempresas que empleen hasta 5 empleados.

Aquellas que tengan de 6 a 15 trabajadores gozarán de una quita del 100% por cada empleo nuevo que tomen durante el primer año. Del 50% para microempresas de 16 a 80 integrantes, y 25% para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.

Respecto al Programa de Sostenimiento del Empleo que prevé subsidiar salarios para los sectores en crisis, cámaras y sindicato insisten en la necesidad de solventar al menos $ 1.500 por cada uno de mil puestos en riesgo.

Ayer el subsecretario de Trabajo, Rubén Boris, afirmó luego de la reunión que asumieron el compromiso de armar una mesa tripartita (cámaras, Gobierno y sindicatos) para monitorear la situación del empleo hasta fin de año.

También garantizó que desde su repartición, ampliarán el radio de acción de las inspecciones y abarcarán el Gran Mendoza. Finalmente dijo que el objetivo del Gobierno es sostener el empleo durante el segundo semestre y que para eso gestionarán el dinero para planes Repro.