Aunque en nuestra ciudad aún no se registraron inspecciones y el aprovisionamiento -según confirman los comerciantes- es normal, la mayor dificultad estriba en que los valores manejados por los distribuidores serían superiores a los acordados con las cámaras del sector para el pago de subsidios. Por ese motivo, se reclama la intervención del Gobierno para firmar un nuevo acuerdo que sea rentable para toda la cadena de comercialización.

"El problema es que los precios que marca el Estado son inferiores a los precios que nos venden los abastecedores. Esto se debe a que está ocurriendo con el gas en garrafa el mismo problema que hay con la harina, ya que el convenio entre las empresas y el Gobierno se firmó hace más de tres años y se fijó un precio", dijo Carlos Bianchi, titular del Centro de Almeceneros local.

En ese momento, si se sumaban "los costos operativos y otros gastos daban los 16 pesos que se acordaron. En los primeros tiempos, las garrafas dejaban una pequeña ganancia sobre el precio de venta", aseguró.

Sin embargo, hoy en día para "la venta de las garrafas estamos hablando de ganancias mínimas con mayores costos, porque los distribuidores también tienen sus mayores costos y los fletes también han aumentado. Queremos que se tenga en cuenta nuestra situación y que el Estado le pague los subsidios a las empresas: que se fije un precio actualizado porque nosotros hacemos una inversión y somos los que tenemos que poner al cara frente a los clientes", subrayó el minorista.

Para llegar a este presente complicado, ha incidido "el aumento de la inflación, que en estos tres años ha subido mucho, como el costo de salarios, combustible, la inversión en vehículos para transporte, los seguros; la suma de todos estos costos ha superado a esos 16 pesos. Y este precio es mayor si las garrafas hay que sumarles un traslado", explicó Bianchi.

De este modo, "para nosotros es imposible vender una garrafa de 10 kilos a 16 pesos cuando en los últimos días ya nos las están entregando con un precio de entre 17 y 18 pesos; la de 15 kilos está a 22,90, pero la que más se vende es la de 10 kilos. Y sobre eso, nosotros algo tenemos que ganar porque también tenemos que pagar nuestros costos operativos e ingresos brutos".

Según el comerciante, en forma análoga a lo que ocurre con el precio de la harina, "el Gobierno está debiendo los subsidios a las empresas desde enero cuando hay necesidad de que se actualicen los costos, ya que es imposible cumplir este acuerdo en lugares donde no hay envasadoras de gas, como en Olavarría, porque los gastos son superiores".

En la actualidad, "en nuestra ciudad tenemos cinco empresas distribuidoras de gas envasado, pero ninguna envasa en Olavarría sino que las garrafas se traen de Azul, Tandil o Mar del Plata".

Está previsto que los comerciantes locales soliciten "una reunión con el secretario (de Jefatura) de Gobierno, Héctor Vitale, para que desde el Municipio tengan en cuenta la situación y vean si se puede hacer en La Plata, porque las inspecciones son en toda la Provincia y estamos siendo castigados sin motivo", denunció.

Hay alarma entre los minoristas olavarrienses debido a la cantidad de infracciones labradas en Mar del Plata, "han salido a hacer multas y el comercio minorista está sufriendo un castigo cuando no tenemos nada que ver. No queremos ser castigados de esa forma y tampoco queremos perder plata. Nosotros no somos los que tenemos el poder decisión para cambiar la situación, el Estado va a tener que actualizar los precios de los subsidios", indicó Bianchi.

"Porque se habla de mantener el consumo interno y de que haya alimentos para todos, pero después no se puede salir a hacer demagogia barata y ponerles infracciones a los comerciantes cuando estamos siendo castigados injustamente. Lo único que logran es enfrentarnos con los clientes, pero nosotros no somos los malos de la película, al contrario", remató.