Como es de dominio público, dicha ordenanza, al tiempo que crea una nueva Tasa, vinculada con la prestación del servicio de Guardia Urbana, Rural y Monitoreo, modificó la base imponible relacionada con la de Seguridad e Higiene. Hasta entonces, dicho cálculo se realizaba, en lo relacionado a los comercios, por cantidad de espacio ocupado y cantidad de empleados contratados. A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, el valor imponible pasará a computarse sobre la declaración jurada de Ingresos Brutos, aplicándose una alícuota del 4.5 por mil.

La preocupación guarda relación con el hecho de que, la nueva base, significa en la práctica un incremento de hasta el 600 por ciento en relación a lo pagado por igual comercio por idéntica prestación durante el ejercicio 2015, circunstancia que, a todas luces, se muestra como “abusiva y confiscatoria”, por citar sólo dos calificativos de los más escuchados ayer en la sede de la Cámara Comercial.

La reunión fue convocada por las autoridades de la Cámara Comercial, a pedido de un grupo de comerciantes que solicitan que la entidad mercantil se ponga a la cabeza de estos reclamos, elevando a las autoridades municipales los planteos administrativos a que hubiere lugar para lograr modificaciones ajustadas a la lógica e, incluso, llegar a la vía judicial si el caso así lo amerita.

Precisamente por ello, fueron protagonistas centrales de la reunión los asesores contable y jurídico de la Cámara, el contador Raúl Mosca y el Dr. Agustín Fal, respectivamente, quienes aportaron los criterios técnicos específicos que puedan dar lugar a las diferentes acciones a desarrollarse. A priori, fue el presidente camarista, el Dr. Juan Emilio Colombo, quien abrió el encuentro, haciendo un pormenorizado análisis y dando una muy clara explicación de los antecedentes que dieron lugar a la modificación atacada.

Como era de esperar, se propició un intenso debate entre los presentes, escuchándose voces moderadas pero también otras que directamente llamaban casi a una rebelión fiscal.

Con todo, quedó claro que la mayoría de los comerciantes se niegan terminantemente a asumir los nuevos costos, que fueron calificados directamente de “impagables”.

MANDATOS

Como resultado final de esta intensa reunión, los comerciantes ratificaron el mandato a la Cámara Comercial para que, en forma urgente, solicite al Poder Ejecutivo Municipal la convocatoria a una audiencia pública en el marco de la cual se exija la modificación de la ordenanza en cuestión. Al mismo tiempo, se decidió la presentación de recursos administrativos impugnatorios de aquella norma, para lo cual a través de la Asesoría Letrada de la Cámara, se elaborará un modelo de escrito que, individualmente, los socios y no socios de la entidad camarista, podrán retirar a partir de hoy mismo para ser completado y presentado en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Bolívar. Dichos recursos, se informó, deberán ser presentados en forma urgente para evitar la caducidad de los plazos que, se supone, opera el próximo 8 de febrero. No hay seguridad al respecto ya que, al carecer Bolívar de Boletín Oficial, no hay referencias claras a esos fines, según también se anotició ayer.

La movida iniciada amenaza con transformarse en una acción de máxima dureza si las autoridades municipales no recogen el guante rápidamente y actúan en consecuencia.