El juicio oral por un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, que tiene como imputada a una santacruceña junto a otra mujer, comenzó ayer en los tribunales federales de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Las dos mujeres habían engañado a una joven menor de edad en 2008 con una falsa oferta laboral en Puerto San Julián.

Las imputadas son Ana Alicia Taviansky, conocida como “Samantha”, quien regenteaba el prostíbulo “El Lobito” en Puerto San Julián, y la tucumana Verónica del Jesús Olivera, prima de la víctima. Ambas están acusadas de haber participado del engaño y traslado de la joven de 17 años para prostituirla en locales nocturnos.

Olivera fue la primera en declarar ante los magistrados Alicia Noli, Carlos Enrique Jiménez y Gabriel Eduardo Casas. Según manifestó, la víctima viajaba por su voluntad. Además, aseguró que ella pidió ir porque se había peleado con los padres.

El Ministerio Público Fiscal lleva adelante la acusación encabezado por el fiscal federal subrogante Leopoldo Peralta Palma y por Valentina García Salemi, representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Las acusadas serán asistidas por el defensor oficial Ciro Lo Pinto.

García Salemi estimó que pedirán para las imputadas la pena máxima, de 10 años de prisión, y explicó que en un delito de estas características contar con un testigo esencial es muy importante. “La testigo esencial, al ser también víctima, aporta datos valiosísimos porque fue objeto de ese delito y pudo salirse de la estructura que la sometió”, señaló la fiscal al Diario La Gaceta.

Engaño y trasladado

El hecho comenzó a ser investigado el 22 de mayo de 2008, cuando María Hortensia Cortez denunció ante la División Trata de Personas de la Policía de Tucumán la desaparición de su hija.

La mujer relató que la joven había salido rumbo a la estación de ómnibus con su prima Verónica del Jesús Olivera, quien trabajaba como prostituta en Tucumán y en otras provincias, y no habían regresado.

La madre de la víctima se percató de que su hija había salido con su DNI y con el de su hermana, que en ese entonces tenía 21 años, y con quien compartía un parecido físico.

Según la declaración de la víctima, su prima Verónica había aprovechado una fuerte discusión con los padres de la adolescente para invitarla a viajar a Puerto San Julián.

Le ofrecía un trabajo como profesora de danzas folklóricas y alquilarle un salón para dar clases.

La joven declaró que una vez que subieron al micro se quedó profundamente dormida, lo que la hizo sospechar que podría haber sido drogada por su prima.

Rescate

Cuando despertó, una hora antes de llegar a Córdoba donde el micro tenía prevista una parada, notó que su prima no estaba en su asiento y fue a buscarla al baño.

En ese momento, la víctima escuchó hablar por teléfono a su prima con Taviansky, la otra imputada, a quien le decía que la joven tenía 17 años, que le iba a generar mucho dinero, que la podían mandar a Río Gallegos o a La Rioja y que necesitaba comprarle ropa.

La víctima volvió a su asiento, simuló estar dormida, aprovechó una distracción de su prima, tomó el celular y le envió mensajes de texto a su hermana para alertarla de la situación.

Cuando llegaron a Córdoba, Olivera fue detenida por la División Protección de Personas de la Policía de Córdoba, que había sido informada por sus pares tucumanos.

En junio de 2008, la imputada fue procesada y Ana Alicia Taviansky, que está acusada de haber participado en la captación, financiamiento y coordinación del traslado de la joven con fines de explotación sexual, fue procesada en julio de 2008 con prisión preventiva.

En noviembre de 2012, el fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación a juicio de la causa.

Responsables y pruebas

El fiscal Leopoldo Peralta Palma resaltó que en el caso de este juicio, “se tiene a la víctima, a quienes han operado para tratar de introducirla en el mundo de la prostitución. Tenemos los responsables y tenemos las pruebas, y vamos a tratar de hacerlas valer durante el debate”.

Por su parte, la fiscal Valentina García Salemi explicó que “el delito de trata de personas se conoce en el mundo penal como delitos de resultado anticipado o cortados, es decir que no se necesita para su configuración que se materialice la explotación sexual en si misma. Lo que sí se necesita, y tiene que ver con el dolo o con la intención de los que vienen acusados, es que se haya querido explotar a la persona. Las distintas etapas de este delito son la captación, trasladado, acogimiento o recepción y explotación de la persona, es que si se cumple una y más la intención tenemos el delito”. En este sentido, recordó que en este caso es agravado, porque la víctima era menor.

Contra la propietaria del prostíbulo

El abogado de la Fundación Marita Verón, Agustín Aráoz, aseguró que ayer fue “un día histórico” y en especial para la fundación, ya que la misma asistió a la víctima, ya que se va aplicar una ley de trata que se sancionó en 2008 en este juicio. Afirmó que hay “muchas expectativas” en la fundación que preside Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles “Marita” Verón, desaparecida en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002 por red de prostitución.

El abogado adelantó que se “irá contra la propietaria del prostíbulo”, lo que es importante en la lucha contra la trata de personas.

Fuera de la sede del tribunal federal, integrantes de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) se manifestaron en contra del delito de trata.

Cabaret “habilitado” por la municipalidad

Verónica del Jesús Olivera fue la primera en declarar. Según dijo, la joven viajaba por su propia voluntad a Santa Cruz porque se había peleado con sus padres. Además, aseguró que nunca le prometió un trabajo a su prima y que no conocía en persona a la otra acusada.

Ana Alicia Taviansky, dueña del cabaret “El Lobito” que funcionó entre 1999 y este año, declaró que las chicas que trabajaban para ella no tenían relaciones sexuales con los clientes, sino que eran alternadoras (o coperas) y que su local estuvo habilitado por la Municipalidad de Puerto San Julián. Cuando la fiscal Valentina García Salemi le preguntó detalles del arreglo económico con las mujeres, se negó a declarar.

Después del mediodía declaró la víctima, asistida por una psicóloga de la Fundación María de Los Ángeles.