Pablo Garciarena, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Diego Lavado, por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos de Mendoza, coincidieron hoy con el fiscal Federal Dante Vega, al calificar al ex policía Aldo Bruno, principal acusado, como responsable de los delitos de `privación abusiva de la libertad y homicidio doblemente calificado´ sobre nueve de la treintena de víctimas por quienes se busca justicia en este juicio oral.

Esta semana, se comenzó con la causa 077M, “la más voluminosa, con mayor cantidad de víctimas” y de importancia clave porque “da cuenta de la vigencia del terror estatal y la resistencia al mismo”, indicó Vega.

Bruno está imputado por el secuestro y desaparición de Margarita Doltz, Raúl Gómez, Gustavo Camín, Mario Camín, Daniel Romero, Juan Carlos Romero, Víctor Hugo Herrera, Ramón Sosa y Juan José Galamba.

En base a pruebas y testimoniales, los querellantes aseguraron que las desapariciones de las nueve personas ocurridas en las últimas semanas de mayo de 1978, estuvieron relacionadas con el objetivo de la dictadura militar de dar un "mensaje disciplinario" en la previa del campeonato Mundial de Fútbol.

Ambos recordaron la formación del G78, grupo que trabajó juntamente con el grupo mendocino D-2, comandado por Bruno, por lo cual lo consideraron responsable de los operativos de 1978 de los que fueron víctimas de ocho personas, quienes fueron secuestradas por haber dado refugio a Juan José Galamba, peronista de izquierda, también secuestrado y desaparecido.

El Tribunal estará integrado por Juan Antonio González Macías, Jorge Roberto Burad, Alejando Nosetti Achaval y Jorge Pizarengo, quienes investigan los alcances de los denunciados secuestros y desapariciones forzadas de veintinueve víctimas.