El tribunal que llevará adelante el proceso esta conformado por José Luís Alberto Aguilar de Resistencia, Lucrecia Rojas de Badaro de Corrientes y Víctor Antonio Alonso de Corrientes. Además como fiscal actuante esta el fiscal Luís Benítez.

La funcionaria fue procesada en el año 2004 por el entonces juez federal Marcos Quinteros quien pudo determinar que en marzo de 2002 la intendenta reunió de urgencia a 16 de sus empleados y les dijo que, debido a la reducción de los fondos que enviaba la provincia, estaba “obligada” a echarlos. Deslizó, como único camino, que se inscribieran como beneficiarios del programa Jefes y Jefas de Hogar, que acababa de instrumentar el gobierno de Eduardo Duhalde.

Presionados por la funcionaria, los empleados se inscribieron en el plan y, dos meses después, comenzaron a percibir el subsidio. Las planillas de inscripción fueron elaboradas por funcionarios del municipio y algunas firmas fueron falsificadas. Además de comandar la intendencia, la funcionaria justicialista dirigía el Consejo Consultivo local, encargado de controlar la incorporación de beneficiarios.

La sorpresa mayor se produjo cuando los agentes municipales cobraron el sueldo de mayo de ese año: pese a que la cifra del salario era la misma -de entre 200 y 350 pesos-, la ayuda de 150 pesos les había sido descontada de su sueldo, bajo el concepto de “subsidio jefe de hogar”, en el rubro “descuento móvil”. Durante los trece meses en los que se mantuvo la situación irregular, el municipio se quedó con el dinero correspondiente a los subsidios.

Según uno de los empleados, les dijeron que si no aceptaban inscribirse como desocupados, los iban a dar de baja.

Para concretar el hecho ilícito, Oviedo de Franco firmó un decreto por medio del cual dejaba cesantes a los 16 empleados, puesto que uno de los requisitos para obtener el plan nacional era ser desocupado. Pero los despidos no se hicieron efectivos y el municipio continuó liquidando los sueldos.

“Con tales decretos se pretendió, tramposa y sutilmente, aparentar una situación de desocupación de quienes se desempeñaban en relación de dependencia con el organismo municipal”, exponía en su momento el fallo.

La resolución acusaba a la intendenta por el desvío de los fondos y por la sustracción del dinero. “La apropiación de tales recursos -afirmaba- resultaba de la ecuación numérica que representaba descontar a 16 empleados de la planta funcional los 150 pesos que percibían como subsidio y que les era reconocido como parte del sueldo; tal diferencia había sido detraída del erario nacional, ignorándose su destino final o afectación en aquellos casos donde no fueron recibidos por los agente, pero sí liquidados por el órgano de aplicación.”

De los trece meses en los que el Ministerio de Trabajo giró el dinero para los subsidios, sólo en ocho ocasiones los empleados cobraron en el Banco de Formosa. En el resto lo hicieron en el municipio, donde debían firmar un ticket a modo de recibo.

La investigación determinó también los procesamientos del jefe de contaduría del municipio y cuñado de la intendenta; del tesorero del municipio, Juan Bautista Tasuri, y del secretario municipal, Isidoro Oviedo. Los 16 empleados fueron sobreseídos por la Justicia.