La Justicia Federal analizó la denuncia realizada por las mellizas Quinteros y comenzará a investigar los hechos en busca de un posible caso de trata de personas, aunque luego deba declinar la competencia. Entre las primeras medidas a adoptar, está prevista la toma de declaraciones a las jóvenes a través de Cámara Gesell.

María del Valle y María Rosa Quinteros, asistidas por el abogado Pablo Córdoba Molas, acusaron formalmente haber sido adoptadas de manera irregular durante su niñez, para ser reducidas a la explotación infantil. Los graves dichos de las jóvenes, que hoy tienen 20 años, salpican también a la exintendenta de Icaño, Olga Santillán, y a su esposo, el exministro de Salud Pablo Doro, ya que si bien la denuncia fue radicada contra autores desconocidos, se los señala a ambos como partícipes de la situación irregular.

Desde las esferas judiciales, se maneja la sospecha de que podría existir un hecho de trata con fines de explotación o sustracción de identidad. En este sentido, Córdoba Molas dijo a la prensa que cuando eran niñas, alegando un caso de desnutrición, las mellizas fueron separadas de sus padres biológicos contra la voluntad de estos. A su vez, la familia adoptiva –los Larroza- las habría hecho trabajar desde los 9 años, siempre de acuerdo a las acusaciones vertidas.

A cargo de Santos Reynoso, la Fiscalía Federal solicitó al juez Ricardo Moreno una serie de medidas, ya que consideran que podrían estar en presencia del delito mencionado. La principal de ellas es receptar las declaraciones de las dos jóvenes, para lo cual se deberá pedir turnos en la Cámara Gesell que posee la Justicia ordinaria en esta ciudad, además de la colaboración de personal idóneo (ver aparte). Asimismo, se solicitó al juez que autorice el pedido de cualquier actuación existente en los juzgados de Recreo, a los fines de dar con la documentación referente a la adopción.

Siguiendo órdenes

El caso fue expuesto en las páginas de este medio unas dos semanas antes de la denuncia penal. Luego de que se conocieran los dichos de las jóvenes, Olga Santillán desmintió rotundamente cualquier tipo de connivencia en una adopción ilegal.

En ese entonces, la mujer era directora del nosocomio local y según explicó, si bien el traspaso a la familia adoptiva fue bajo su guardia, explicó que su accionar estuvo basado en la orden recibida del juzgado de Menores de esa jurisdicción, a cargo, en ese momento, del juez Cano.

Santillán explicó que la medida judicial disponía que las dos menores -habiendo estado alojadas en el hospital y en la Sala Cuna- fueran entregadas a la familia Larroza, oriunda de Recreo, para que asuma el rol de familia putativa.

Cámara Gesell, ¿por qué?

De acuerdo a lo que establece la ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, el juez federal deberá solicitar la realización de Cámaras Gesell para las muchachas, teniendo en cuenta que en este tipo de casos la principal prueba para acreditar los hechos investigados suelen ser las declaraciones de las víctimas.

El tomar un solo testimonio y grabarlo en un acto irreproducible que será utilizado para la instrucción, un posible debate y todas las etapas del proceso evitará que las jóvenes sean revictimizadas.