El legislador explicó el pedido a raíz de la muerte del rumano Pentilie Radu, ocurrida la semana pasada, luego de dos días de agonía por las quemaduras sufridas en la cárcel por un incendio. Según trascendió, las llamas se iniciaron en el colchón y se extendieron rápidamente por el material.

Radu estaba a un mes de recuperar su libertad, era un preso tranquilo. El incidente es investigado por la Justicia Federal.

Berhongaray afirmó que “a raíz de la noticia por ustedes informada, hemos tomado conocimiento de que en la U4 falleció un interno allí alojado como consecuencia de un incendio que alcanzó un colchón no ignífugo”.

Explicó que “como fue oportunamente publicado, en octubre del corriente año presenté un proyecto de ley para que en todas las dependencias del Estado Provincial donde se alojen personas, los colchones que se utilicen deban ser de material ignífugo, no inflamable en presencia de fuego”.

Berhongaray dijo que “propuse asimismo que el Poder Ejecutivo Provincial celebre convenios con el Servicio Penitenciario Federal tendientes a la entrega de colchones ignífugos en cantidad suficiente con destino a todos los establecimientos donde se alojen detenidos”.

El proyecto de ley de Berhongaray fue declarado de interés por el Colegio de Abogados de La Pampa. “Lamentablemente, el justicialismo, siguiendo su casi constante costumbre, no dio tratamiento a este como a otros tantos proyectos que tuvieron su origen en la oposición.

No importaba en este caso si el proyecto ayudaba a evitar pérdidas de vidas, como lamentablemente ocurrió en este caso”, se quejó.

“Son muchos años en los cuales esta actitud del oficialismo se reitera”, dijo analizando la situación parlamentaria. “Creo que este año, por ser electoral, seguramente se incrementará este comportamiento. Pienso que así ni La Pampa ni el país lograrán mejorar su estado de cosas”, remarcó.

El proyecto en el artículo 1º decía: “Establécese que en todas las dependencias del Estado Provincial donde se alojen personas, los colchones que se utilicen deberán ser de material ignífugo, no inflamable en presencia de fuego”.

Además, consideraba “falta grave” la conducta de los funcionarios y empleados públicos que no comuniquen en forma fehaciente a sus superiores jerárquicos cualquier violación a la presente ley. Proponía establecer, a partir de la entrada en vigencia de la misma y dentro del plazo de 180 días, la sustitución de los colchones utilizados en las dependencias policiales y otros establecimientos del Estado Provincial para adecuarlos a lo dispuesto por el artículo 1º.