El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, luego de reunirse con el gabinete de seguridad durante más de 6 horas, en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. Entre sus argumentos, señaló que las zonas de exploración de petróleo pasaron de 8 a 83 millones de hectáreas en los últimos años. "Eso requiere presencia de la fuerza pública", comentó, al tiempo que aclaró que el principal objetivo es "proteger a los inversionistas para que puedan operar sin ninguna restricción en nuestro territorio".

Por otra parte, aseguró que también aumentará la presencia policial y militar en las carreteras. "Ahí también estamos buscando la forma de utilizar con más efectividad los mecanismos técnicos y el personal para proteger las vías y mantener la capacidad ofensiva", expresó.

"Es parte de la responsabilidad del Estado. Pero al mismo tiempo, eso lo que hace es obligar al Ejército y a la fuerza pública a congelar personal que debía estar a la ofensiva contra el terrorismo", indicó. Por eso, afirmó que el mayor desafío será "mantener la capacidad ofensiva de la fuerza pública".

Sin embargo, Santos no indicó ni cuál será la opción para mantener toda esa seguridad en regiones exploratorias, más el cuidado de una red vial de al menos 130.000 kilómetros de extensión, y proseguir las operaciones de ataques a la guerrilla.

La nueva estrategia

La ofensiva militar contar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzó durante la presidencia de Álvaro Uribe y aún continúa, significó un duro golpe para los grupos ilegales, que al reprensar su estrategia decidieron focalizar su accionar, entre otros, contra el creciente sector petrolero.

El gobierno ha enfrentado así un brote de ataques insurgentes en carreteras -con quema de carros y vehículos de transporte de carga y pasajeros- en los últimos meses, así como casos de retenciones y secuestros de contratistas de empresas petroleras locales y extranjeras.

Por caso, las FARC secuestraron en marzo pasado durante varias horas a 23 trabajadores de la firma South Exploration America, contratista de la petrolera canadiense Talisman. También están acusadas de secuestrar el pasado 8 de junio a tres empleados chinos de la petroquímica Sinochem, contratista de la petrolera británica Emerald Energy.

Santos había denunciado el pasado 10 de agosto que las guerrillas están buscando financiarse a través de la amenaza a los intereses petroleros. A su vez, esto les permite "generar ruido en los medios" de comunicación. Ante la derrota militar, sencillamente, buscan un golpe de efecto en la opinión pública.

A raíz de esos secuestros, Santos les hizo una advertencia a las empresas petroleras extranjeras que trabajan en el país: si pagan extorsiones o rescates, se van del país, dijo, como sucedió en la década de 1980, cuando el Gobierno expulsó del país a la multinacional alemana Mannesmann.

Alejandro Martínez, presidente de la privada Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), que reúne a las compañías productoras del crudo en Colombia, también denunció en junio que desde hace dos años se incrementaron los secuestros y las amenazas extorsivas a trabajadores del sector.

El gobierno de Santos se ha propuesto dar un fuerte impulso al sector petrolero, como uno de los pilares del desarrollo socio-económico del país, y para ello se ha fijado la meta de alcanzar una producción de 1.150.000 barriles diarios al concluir su gobierno en 2014. Hasta ahora, llegó a en julio pasado los 929.226 barriles diarios, con incremento de 17,9% frente al mismo mes de 2010.