La Fiscalía colombiana logró identificar los restos de tres mujeres que habían sido declaradas como desaparecidas tras un ataque guerrillero ejecutado en 1985 contra el Palacio de Justicia de Bogotá, uno de los casos emblemáticos del terrorismo de Estado practicado en medio de la guerra interna que sufre el país desde los años sesenta del siglo pasado. El fiscal general Eduardo Montealegre explicó que los forenses confirmaron que los cuerpos hallados en fosas comunes de dos cementerios de la capital corresponden a dos trabajadoras de la cafetería del Palacio y a un visitante ocasional de uno de los magistrados.

Montealegre dijo que “ninguna de las personas identificadas corresponde a las desapariciones por las que está condenado el general Alfonso Plazas”. Sin embargo, el fiscal, que además pidió investigar si las mujeres salieron con vida del Palacio, señaló que por uno de esos casos “está condenado el general Jesús Arias Cabrales”. Familiares de las víctimas celebraron el hallazgo, pero criticaron el accionar de la justicia. “Son 30 años de sufrimiento, no cabe ninguna duda de que la verdad y la justicia hay que pelearlas”, dijo René Guarín, hermano de una de las identificadas.

El asalto al Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, a pocos metros de las sedes de la Presidencia y el Congreso, ocurrió el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del Movimiento 19 de Abril tomó como rehenes a magistrados de las altas cortes, empleados y visitantes. En el operativo guerrillero y la respuesta militar, que según la Comisión de la Verdad se caracterizó por el exceso de fuerza durante un enfrentamiento que duró más de 24 horas, murieron once magistrados, 35 guerrilleros y otras 52 personas. Otras once fueron declaradas como desaparecidas.

Según las investigaciones, los desaparecidos fueron sacados por militares y llevados a una guarnición donde habrían sido interrogados, torturados y ejecutados. La Fiscalía reabrió la investigación en 2006, cuando se divulgaron videos inéditos en los que se veía a algunos de los desaparecidos cuando salían del lugar flanqueados por militares. En el marco de este caso, Plazas y Arias Cabrales fueron condenados a penas de prisión de 30 y 35 años. En 2011 un tribunal absolvió al general del Ejército Iván Ramírez y a otros dos oficiales.

Hace casi un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los hechos, al determinar que allí existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del palacio, un típico caso de terrorismo de Estado, dijo la CIDH.