La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 30 años de prisión al ex congresista César Pérez, tras declararlo como uno de los responsables de la masacre de 43 personas en 1988, cuando era uno de los principales dirigentes políticos del departamento de Antioquia, en el noroeste del país. Según las investigaciones de la Sala Penal del Supremo, Pérez ayudó a financiar a un grupo paramilitar de ultraderecha que el 11 de noviembre de ese año cometió los asesinatos en el municipio antioqueño de Segovia.

Pérez, que fue presidente de la Cámara de Diputados por el Partido Liberal (PL), fue declarado culpable del delito de homicidio agravado. La mayoría de los 43 asesinados de Segovia pertenecían a la Unión Patriótica (UP), el partido de izquierda que surgió en medio del fracasado proceso de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en el que encontraron contención legal los guerrilleros desmovilizados.

Las conversaciones llegaron a una instancia de tregua bilateral y algunos dirigentes de las FARC ocuparon escaños en el Congreso a nombre de la UP, aunque el partido desapareció a raíz de los constantes ataques de los grupos paramilitares, que mataron a por lo menos 3000 de sus integrantes. La sentencia de la Corte se conoció el mismo día que, en Cuba, el gobierno y la guerrilla iniciaban una nueva fase del diálogo de paz, una etapa en la que justamente se abordará el tema de las garantías que recibirán los rebeldes para insertarse en la legalidad. «