Santos no ahondó en más detalles acerca de la iniciativa para manejar las complejas situaciones derivadas del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del pasado 19 de noviembre.

El fallo de la CIJ le otorgó a Colombia siete cayos pertenecientes al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe; mientras que a Nicaragua le dio dos tercios de un territorio marítimo tradicionalmente colombiano ubicado en un área rica en pesca y recursos naturales.

El ministro colombiano del Interior, Fernando Carrillo, señaló que el país andino no iba a tomar decisiones por las vías de hecho para proteger a los habitantes del archipiélago de San Andrés.

Agregó que el fallo del Tribunal de La Haya será revisado minuciosamente y que el ejecutivo acudirá a todos los mecanismos del Derecho Internacional que sean necesarios.

Tras el fallo del pasado 19 de noviembre, el gobierno de Colombia ha dicho que hará uso de todas las herramientas jurídicas para defender la soberanía del archipiélago de San Andrés y sus aguas, incluida la posibilidad de retirarse del pacto de Bogotá, por el que en 1948 este país aceptó la jurisdicción de la CIJ.

Por su parte, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, alertó que el fallo del Tribunal de La Haya da pie a que en el futuro ese país haga reclamos territoriales más ambiciosos.