"Los representantes legales de los colegios privados están en condiciones de incrementar el valor de las cuotas desde junio y el porcentaje de suba varía entre el 10% y el 30% de acuerdo a la realidad de cada institución educativa". Así lo informó la profesora Viviana Gil de Pantano, responsable de la Dirección de Educación Privada, que depende del Ministerio de Educación. A pesar de que la medida está vigente desde hace dos meses, una importante cantidad de colegios decidió aplicar la modificación del valor de las cuotas a partir de agosto. Mientras que las instituciones educativas ubicadas en los departamentos del interior de la provincia reajustaron en un mínimo los aranceles o informaron a través de una nota a las autoridades escolares que la suba se aplicará para el año 2010.

El argumento de las autoridades educativas para dar vía libre al incremento se basó en la modificación de los costos laborales. "La autorización concedida a los colegios privados tiene su origen en la modificación de los salarios de los docentes que rige a partir de marzo. Siempre que existe un aumento de sueldos generalmente va de la mano de una modificación del valor de cuota", dijo la profesora Gil de Pantano, quien, además, manifestó que los responsables de las instituciones debieron presentar una declaración jurada de los costos laborales y de servicios de cada escuela. La funcionaria señaló que la situación de cada colegio fue analizada para determinar qué porcentaje pueden incrementar en los aranceles. "Los padres deben tener un intenso diálogo con las autoridades de cada escuela para conocer qué aportes educativos extra reciben los alumnos", sostuvo la profesora Gil de Pantano, quien también precisó que un colegio que ofrece jornada completa para los chicos no tiene una misma cuota que una escuela que ofrece a los chicos educación que se basa en sólo las exigencias que establece el sistema educativo.

El Estado efectúa aportes a los colegios privados de gestión pública que están determinados en el Decreto Provincial Nº 313/98. En la norma legal se establecen los puntos que las autoridades educativas deben cumplir para acceder a la ayuda estatal que sólo es destinada al pago de sueldo de los profesores. "Tenemos que aclarar que el aporte no es para todos los docentes y en el resto debe hacerse cargo la institución educativa", explicó la profesora Gil de Pantano. El mantenimiento de los edificios escolares, el personal de limpieza, los insumos para el correcto dictado de clases, el aporte de las nuevas tecnologías y el pago de sueldos de los profesores de espacios extracurriculares corren por cuenta de los colegios.