Allí quedó sentado que la situación de los productores criollos que deban relocalizarse en tierras que se habilitarán a ese efecto será analizada caso por caso y en una convocatoria que incluirá a las universidades.

Fue el lunes, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde tuvo lugar la reunión convocada por el gobernador Jorge Capitanich y en la que estuvieron presentes el ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini, el diputado del Nepar Juan José Bergia, el subsecretario Legal y Técnico Pedro Miró, la mediadora Beatriz Contreras, en representación del Poder Judicial y por la Asociación Meguesoxochi el presidente Zenón Cuellar, además de Víctor Hugo Leiva y Andrés Canteros, secretario y tesorero, respectivamente. El nuevo encuentro fue una suerte de continuidad de la mediación que el propio mandatario nacional inició en los lugares del conflicto: primero en Pozo El Zapallar y luego en El Espinillo. “En la reunión del lunes por la tarde, los amigos de la asociación comentaron a la mediadora todas las asambleas que realizaron y el trabajo que desarrollan desde hace tiempo”, repasó el diputado Bergia, quien cumple una función como enlace de la entidad toba con el Ejecutivo. En declaraciones a Radio Universidad, el legislador recordó que una de las principales solicitudes de los aborígenes es la ejecución de un acueducto para dotar de agua potable a El Espinillo. “El gobernador informó que había logrado un acuerdo con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enosha) y con el Banco Mundial para extender el acueducto Lavalle - Castelli, que pasará por El Espinillo, Miraflores y Zaparinqui”, comentó Bergia. La explotación forestal y propiedad Por otra parte, los representantes de la asociación informaron sobre la explotación forestal que realizan en las 400 hectáreas autorizadas por la Dirección de Bosques. “Ellos manifestaron que tienen 13 permisos aprobados, once de diez hectáreas y dos de cien. Y once solicitudes de diez hectáreas”, precisó. Explicó luego que las autorizaciones para aprovechamiento forestal requieren un trámite burocrático que demanda la elaboración de un decreto y el llamado a una asamblea para que todas las comunidades radicadas en las inmediaciones del predio expresen su acuerdo sobre el proyecto de explotación. “En el convenio que se firmó (ver el acta) se instó a la Dirección de Bosques para que realice las asambleas y también a acelerar los proyectos de presentación de los acueductos. Y la mediadora fue notificada”, enumeró Bergia. Asimismo, adelantó que la asociación toba colaborará con un trabajo que el gobernador tiene diseñado para analizar caso por caso los productores asentados en las tierras comunitarias. Para esto, el gobierno convocará a todas las universidades. El diputado valoró la predisposición de la entidad toba de “colaborar en forma tranquila, en paz y sin intervención de medidas de fuerza de uno u otro sector”. “Fue una reunión muy positiva; todos plantearon sus razones”, ponderó. Consideró que, ante todo, debe ser reconocido “por todos” el título de propiedad de las 140 mil hectáreas en poder de la Asociación Meguesoxochi. Por otra parte, Bergia explicó que el lote 408 -por fuera de las hectáreas del Interfluvio y de la estancia de Roseo- podría servir para solucionar la situación de 70 familias criollas, ya que “rápidamente se puede articular el tema del título”. “Los representantes de la Megue tienen un listado de no más de 50 familias que estarían en condiciones de reubicarse con un trabajo de mensura”, indicó. Aclaraciones Durante la reunión, el ministro Pedrini explicó ante los aborígenes algunos conceptos vertidos en declaraciones a medios de comunicación y que apuntaban a la “explotación irracional” de recursos naturales en las tierras de la asociación toba. “No hay que pensar que el criollo es enemigo del aborigen. Y sacarnos el ropaje que pueda generar conflicto”, resaltó Bergia. “El ministro explicó que fue un problema que se suscitó en Raíces Chaqueñas, un sector lindante a Juan José Castelli y Tres Isletas. Como en todos los organismos hay gente buena y gente mala. Por eso señaló que allí algunos aborígenes hicieron usufructo de un título, que luego se recuperó”, contó el legislador del Nepar. En ese contexto subrayó también el consenso que existe sobre la legitimidad del título de propiedad en poder de la asociación. “Ahora hay que trabajar en paz para lograr la reubicación en hectáreas donde debe realizarse la mensura. La asociación tiene un padrón de 50 criollos que están convencidos de que pueden reubicarse. Y al resto, que la mediación vaya buscando la posibilidad de un pago o relocalización en la zona”, trazó, al tiempo que confió en que se cumplirá cada punto del acuerdo. El acta El acta rubricada en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno por el Ejecutivo provincial e integrantes de la asociación contiene obligaciones de ambas partes. Así, el gobierno deberá instar a la Dirección de Bosques para que realice los proyectos de decreto referidos a pedidos de explotación forestal solicitados por la asociación. También deberá acelerar los procesos de presentación de proyectos para la ejecución de ampliaciones de acueductos existentes. Y, como obligación también, deberá notificar al Poder Judicial y al Centro de Mediación sobre el resultado del desarrollo de los puntos acordados, y colaborar con las metas fijadas. Por su parte, la asociación toba se comprometió a aportar los informes y trabajos sobre la posibilidad de reubicación de las familias; y colaborar en la concreción de la meta de reubicación, adoptando una postura de paz y de no intervención unilateral a través de medidas de acción directa sin mediar notificación previa al Poder Ejecutivo. El acta fue rubricada por el gobernador Capitanich, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini; el diputado Bergia; el subsecretario Legal y Técnico, Pedro Miró; Beatriz Contreras, en representación del Poder Judicial; y, por la Asociación Meguesoxochi, Zenón Cuellar Víctor Hugo Leiva y Andrés Canteros.