El Juez Pablo Raele, quien tomó instrucción en la investigación penal luego de la presentación realizada por el Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8, Jorge Paolini, ordenó este mediodía un nuevo allanamiento a las oficinas municipales.

En esta oportunidad, los agentes judiciales se presentaron en el piso 4 de la Torre Administrativa 1 de calle 12 y 51, donde funcionan diversas oficinas de la Municipalidad de La Plata, y se abocaron a confiscar nueva documentación referida a los trámites de urbanización de terrenos para el desarrollo del Pro.Cre.Ar en La Plata.

Cabe resaltar que en el marco del allanamiento, la justicia solicito el listado de oferentes para la venta de terrenos a través del Pro.Cre.Ar, los cuales habían iniciado los expedientes para la venta de terrenos usando como mediador al municipio.

La causa, iniciada a partir de la denuncia del ciudadano identificado como Guillermo Andreau, tiene hasta el momento como presuntos integrantes de una asociación ilícita a Mariano Bruera, el hermano del intendente; el secretario de Gestión Pública, Enrique Ángel Sette; el director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el Secretario General, Jorge Campanaro; el director de Planeamiento, Roberto Moreno; y los empleados Raúl Edgardo Moratti y Cristian Ybarra.

Concretamente, según consta en la causa a la que tuvo acceso en exclusiva INFOPLATENSE, el Fiscal Paolini da por probado -a través de escuchas telefónicas- que mediate un entramado delictivo integrado por dichas personas, se le solicitó la suma de 216 mil dólares a Andreau, para rezonificar dos terrenos, ubicados en 52 y 161 de La Plata.

La denuncia judicial avanza a paso firme luego de que en julio de este año se ordenaran una serie de allanamientos en el Palacio Municipal y dependencias oficiales para secuestrar documentación vinculada a la denuncia por “coimas” (Exacciones ilegales, según Art. 266 del Código Penal) y una presunta asociación ilícita entre los funcionarios municipales.

A raíz de esta investigación penal, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció la creación de una “Unidad Ejecutora” para evitar que se paralicen los trámites del PRO.CRE.AR, lo cual se convirtió en un caso sin precedentes en el país.

Por su parte, en el Concejo Deliberante, el Frente Renovador reclamó la inmediata separación en el cargo de los funcionarios investigados, quienes se encuentran "escrachados" en una serie de conversaciones telefónicas, en las que claramente hablan sobre los pedidos de dinero para avanzar con determinados expedientes.