Una de cal...

El juicio por las coimas que se pagaron en el marco de la construcción e inspección del Acueducto del Río Colorado permite ver hasta qué punto los protagonistas de esa historia disfrutan de la impunidad, a partir de la inverosímil ocurrencia de que el debate debía suspenderse porque una de las pruebas incorporadas había sido supuestamente robada.

Ese reclamo, que se sumó al planteado en el propio inicio del trámite cuando los dos acusados coincidieron en solicitar la prescripción de la causa, fue desechado por los integrantes del Tribunal, menos mal que con duros argumentos frente a la insólita petición, que -para graficar lo absurdo de la maniobra- hacía base en una denuncia que el imputado Carlos Oppezzo formuló con notable retardo respecto del momento en que ocurrió el supuesto ilícito.

Oppezzo intentó hacer valer un trámite que cumplió hace un tiempo: les dijo a las autoridades que ocho años antes le habían robado una chequera que ya era parte de la causa que ahora lo tiene en el banquillo.

El otro acusado es Enrique Romero Oneto, quien supo ser fiscal de Investigaciones Administrativas, es decir, un funcionario clave en el control y la persecución de hechos de corrupción.

Los dos pretenden que se declare prescripta la acción penal, bajo el remanido argumento -siempre utilizado por los acusados de delitos de guante blanco- de que pasó demasiado tiempo entre el inicio de la investigación, o de la comisión de los supuestos delitos, y el trámite actual que supone su definitivo esclarecimiento: los acusados les echan la culpa directamente a los operadores judiciales, como si no fueran ellos mismos los que utilizan maniobras dilatorias o chicanas procesales para ganar tiempo.

Hasta que se defina ese punto -recién se sabrá en el momento de la resolución de los camaristas- el juicio sigue en pie y permitirá, si los funcionarios judiciales así se lo proponen y pueden, esclarecer uno de los aparentes ilícitos cometidos en el marco de una historia repleta de sospechas y como parte de la cual se manejaron millones de pesos del presupuesto público.

Esta causa es apenas la punta de ese gigantesco iceberg que el marinismo llamó “la obra del siglo” y que el denunciante Omar Lara refirió en el debate como “el robo del siglo”, a partir de los comportamientos oscuros que desde el principio se adivinaron en el proceso de licitación, adjudicación y construcción de una obra que la provincia necesitaba, pero que aún hoy no fue completada en su totalidad (y lejos está de ello).

Pocas veces como en ese caso, en una época especialmente caracterizada por la corrupción y la ostentación, se hizo patente la práctica del patético eslogan “roban pero hacen”.

La Provincia encargó un emprendimiento de infraestructura que aparentaba ser imprescindible, pero se hizo de un modo tan turbio que se terminó volviendo un bumerán para los propios funcionarios que tanto la promocionaron, ya que se vieron obligados a cambiar de empresa a mitad del recorrido (salió Gualtieri, entró Techint-Skanska), y terminó con las revelaciones de que habían existido “valijas para el gober”, en referencia al pago de coimas.

Lo que en estos días se debate en la Cámara del Crimen 1 es apenas un detalle en comparación con todo lo que el Poder Judicial dejó a un lado a la hora de investigar a fondo un asunto que bien podía ser la Caja de Pandora.

...y una de arena

No piensan precisamente en este tipo de delincuencia -la de guante blanco, la de saco y corbata- las entidades que durante la semana elevaron sus gritos al cielo pidiendo que se aplique mano dura, en notas que enviaron tanto al Poder Judicial como al gobernador de la provincia.

Tampoco parecieron referirse a otra causa judicializada, a partir de la acción de una ciudadana y el respaldo de dos legisladores, que pidieron que esa denuncia contra Provencred por la usura que aplica en sus préstamos se constituya en un fallo ejemplificador que supere el caso puntual para convertirse en referencia frente a otros casos idénticos o similares que padecen los habitantes de la provincia.

Los empresarios, profesionales y dirigentes vecinales que pidieron mano dura en el estilo Blumberg no hacen foco en los prestamistas, ni en los funcionarios corruptos, ni en los empresarios que pagan coimas, ni en los estafadores de cuello blanco: el centro de sus demandas son los ladrones de poca monta, los responsables de arrebatos y robos en comercios o propiedades.

Desde ese mismo lugar se permitieron festejar que buena parte del presupuesto público destinado al área de Seguridad se invierta en el negocio de las videocámaras, como si esa medida -que logró enorme publicidad merced al márketing político de algunos dirigentes nacionales- realmente fuera una solución a problemáticas de una complejidad casi siempre esquivada por los discursos demagógicos, y en las que intervienen numerosos factores.

El documento que elaboraron esas organizaciones describe un panorama poco menos que apocalíptico, en especial cuando se refiere al comportamiento que tiene el Poder Judicial.

El planteo está muy a tono con los dichos previos del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Leonardo Villalva, quien de modo preocupante repitió la frase que puede escucharse en cualquier esquina, sin necesidad de que su difusor tenga algún conocimiento puntual sobre el asunto: “Los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, dicen habitantes de los distintos barrios, repiten ahora los profesionales y cámaras corporativas y multiplica el ministro, como si no tuviera la obligación de ver un poco más allá de ese lugar común.

A Villalva se le reconoce que desde que asumió el cargo muestra una actividad de la que de ningún modo podía jactarse su antecesor; se elogia su visita a distintas localidades y barrios y su contacto con los vecinos, pero eso no justifica que también él se pronuncie como si fuera un ciudadano común y no un ministro con la necesidad de estudiar los temas y formular aseveraciones desde el conocimiento técnico y la voluntad política.

La problemática de los delitos, especialmente en las ciudades más importantes de la provincia, no puede abordarse desde la repetición vulgar de eslóganes simplones, que derivan en la aplicación de recetas ya conocidas cuyo fracaso ha quedado demostrado.

Más que un quejoso pataleo en el que se mezclan organizaciones que a veces son de muy diversa característica pero con intereses parecidos, lo que haría falta es un abordaje serio de la cuestión, que no es nada menor y que en algunos casos y sectores incluye índices de violencia extraordinarios, generados y que a su vez generan una alarmante desintegración social.

Esa tarea debe incluir -aunque no solamente- a representantes de los tres poderes, que a veces más que trabajar en un mismo sentido parecen limitar su accionar a cargar las responsabilidades sobre los otros: así las cosas, un resultado positivo, un avance alentador, se vuelve poco menos que imposible.