El fiscal Jorge Marcelo Amado pidió la pena de tres años y dos meses de prisión para el exasesor y presidente de la COTARC, Enrique Romero Oneto, y para el exjefe de la inspección, Carlos Oppezzo, acusados de recibir y pagar coimas en el marco de la construcción de la primera etapa del Acueducto del Río Colorado. También solicitó la inhabilitación absoluta para ocupar cargo públicos para Romero Oneto. Por su parte, los defensores pidieron la absolución e insistieron en que la causa está prescripta.

Este martes, por la mañana, se se escucharon los alegatos en el juicio. Romero Oneto y Oppezzo están acusados por el delito de cohecho pasivo y activo, en forma continuada, durante la construcción del primer tramo del Acueducto del Río Colorado. El primero cobró 59 cheques mensuales extendidos por el segundo durante casi cinco años, un “sobresueldo” por un total de 86.352 mil pesos, entre noviembre de 1998 y diciembre de 2003.

El fiscal Amado dijo que Oppezzo pagaba “para que se hiciera la vista gorda” y que Romero Oneto “facilitara la operatoria y renovación de los contratos”. Aseveró que se trató de “un acto típico de corrupción”. En cambio, los defensores reiteraron que el juicio no llega en un plazo “razonable”. El abogado Sebastián País Rojo, defensor de Romero Oneto, pidió la absolución bajo la interpretación de que no se determinó “cuál era el fin concreto de la supuesta coima”, es decir: qué hizo o dejó de hacer su defendido.

“Vista gorda”

El fiscal Amado consideró que el “sobresueldo” que recibía Romero Oneto “era para facilitar la operatoria dentro de la función de control que cumplía” Oppezzo, que estaba a cargo de la inspección de la obra. También desestimó el descargo de que los pagos obedecían a un asesoramiento jurídico porque se iniciaron dos meses después de que Romero Oneto integró la COTARC y se extendieron hasta el mismo momento de su desvinculación.

“En cinco años no hubo un solo caso de judicialización. No sé en qué lo asesoraba”, dijo. Además, el fiscal acotó que, de haber efectuado realmente un asesoramiento jurídico particular, habría sido “hasta poco ético”.

Amado afirmó que se acreditó que Romero Oneto facilitó trámites administrativos a Oppezzo, entre ellos, las renovaciones del contraro por el cual el ingeniero percibió 4,1 millones de pesos. Dijo que recibió los cheques para “que se hiciera la vista gorda”. “Facilitaba la gestión y cobraba una dádiva, un plus”, manifestó.

Finalmente, el fiscal advirtió en este tipo de causas “son los actos típicos de corrupción” en las que debe protegerse la probidad de los funcionarios públicos. “Más allá de lo penal, está lo ético. Debe parecer y no solo actuar honestamente, no caben este tipo de cosas”, subrayó.

Prescripción y absolución

El abogado Sebastián País Rojo, defensor de Romero Oneto, planteó nuevamente la prescripción de la causa o la nulidad porque la demora en el juicio hasta un plazo poco razonable. En forma subsidiaria, planteó la absolución porque, argumentó, no se determinó el fin concreto del supuesto acuerdo entre su defendido y Oppezzo.

El abogado insistió con la coartada del asesoramiento jurídico y resaltó que se pagaron cheques y su defendido pagó impuestos por las sumas cobradas. “Lejos se parece a una maniobra venal u oculta”, dijo.

“El fiscal no tiene pruebas, solo creencias, cuestiones llamativas. ¿Cual fue el acto concreto para favorecer a Oppezzo? ¿Que dejó de hacer o hizo Romero Oneto? No lo identificó”, atacó el alegato fiscal.

Por otro lado, afirmó que Romero Oneto no tenía entre sus atribuciones en la COTARC decisiones técnicas o económicas que incidieran sobre Oppezzo y su actuación se limitó a dictámenes no vinculantes. Esas responsilidades, alegó, recaían sobre el presidente de la comisión, el entonces secretario de Obras y Servicios Públicos, Raúl “Tut” Rodríguez. “Su función no era controlar la obra ni a Oppezzo”, insistió.

La acusación del fiscal, opinó, parte de “una intrepretación forzada”. Dijo que los honorarios de Oppezzo se fijaron en el contrato original -3% de la obra-, que se firmó cuando su defendido estaba de licencia por un infarto. “No dependían de él”, repitió. En las ampliaciones, argumento, había una cadena de firmas y la de defendido no era determinante.

Finalmente, el abogado pidió la nulidad de la solicitud de pena efectiva para los acusados, ya que, resaltó, Amado no fundamentó porque pidió esa gradación y no de una que permita una pena condicional, dentro del marco de uno a seis años que prevé el Código Penal.

Por su parte, el abogado de Oppezzo, Mariano Alomar, coincidió en el pedido de prescripción y nulidad del juicio. Adhirió al alegato anterior. Manifestó que “no se acreditó el acuerdo venal” e insistió en cuestionar las pruebas de la causa porque le habrían robado el talonario de la chequera de la oficina de Oppezzo.

“Este señor Lara”

En su alegato, el fiscal Amado tuvo una referencia para el principal denunciante en la causa de las coimas en el acueducto, Omar Lara. Dijo que al juicio “vino este señor Lara” como testigo y “ocultó información, no quiso dar nombres de la persona que le dió la información”. Afirmó que “sus manifestaciones” en el debate “no aportaron nada”. Hace diez días, después de declarar en el juicio, Lara había pedido que en la legislatura le inicien juicio político al fiscal por las presuntas falencias en su proceder durante esta investigación.

Los acusados, contra los medios

Cuando ejercieron el derecho a la última palabra, los dos acusados se quejaron de la trascendencia pública del caso y el tratamiento de los medios. El ingeniero Carlos Oppezzo le dijo a a los jueces que fue “afectado moral, profesional y familiarmente” por el caso. Y se quejó porque los medios lo “condenaron” sin juicio previo. Además, se pregutó cómo un abogado “de cuarta línea” podía pagarle una coima al ingeniero que estaba a cargo de la inspección de la obra del acueducto.

Por su parte, Enrique Romero Oneto insistió con que “existió” un acuerdo con Oppezzo para brindarle un asesoramiento legal en contratos por arrendamientos rurales y por accidentes de tránsito. Dijo que se sintió “humillado” por el tratamatamiento de los medios al caso de corrupción en el cual está involucrado.

La causa

Romero Oneto y el ingeniero Oppezzo habían sido procesados por el juez Daniel Sáez Zamora por el delito de “coima” en noviembre de 2011, y en marzo del año siguiente esa resolución fue confirmada por el Tribunal de Impugnación Penal en un fallo de la jueza Verónica Fantini.

La causa se inició en 2006, a partir de una denuncia de los gremialistas Lara y Ricardo Caso. El entonces juez Carlos Jorge había establecido la falta de mérito porque consideró que hubo una contraprestación por asesoramiento profesional. La misma resolución fue ratificada en 2007 por la Cámara en lo Criminal de General Pico.

Sin embargo, nunca se dictó el sobreseimiento y años más tarde la causa reflotó. Finalmente, Sáez Zamora dictó los procesamientos. Romero Oneto renunció a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas cuando un juicio político estaba a punto de destituirlo, el 25 de septiembre de 2007.

El Acueducto del Río Colorado comenzó a construirse durante el gobierno de Rubén Marín, en 1998. Luego de graves irregularidades, el Gobierno se vio obligado a rescindirle el contrato a la empresa de Américo Gualtieri. En 2001 se hizo cargo la UTE Techint Skanska, que lo finalizó en 2005.

La sombra de la corrupción sobrevoló siempre la obra del Acueducto. Se abrió otra causa en la que se investigó el pago de presuntas coimas a funcionarios provinciales por parte de Skanska, a partir de una escucha judicial en una investigación por la adjudicación de una obra de gas nacional.