La obra social de los correntinos probó que el Colegio Médico de Paso de los Libres exigía y avalaba el "cobro del plus" a los beneficiarios. Respaldado por el Convenio de Prestación, en diciembre del 2008 el IOSCOR rompió el contrato. El Colegio interpuso un amparo. La obra social nunca interrumpió la prestación e inició a escala contratos con otras instituciones y médicos en forma particular.
Incentivados por la Obra Social el hospital San José de Paso de los Libres y los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud junto, a unos pocos médicos siguieron prestando servicios.
Tras la rotura del convenio, el Colegio Médico prohibió a sus afiliados “celebrar” contratos individuales con el IOSCOR y se “animó a sancionar” a los que desobedecían o incumplían la orden.
A raíz de eso Carlos Vizcaino -el entonces Director del Colegio Médico de Paso de los Libres- impulsó una acción de amparo para que la “justicia obligue a la obra social a reestablecer el convenio”.
A fines del 2009 sin conocimiento de Personas Jurídicas de la Provincia, en el Colegio Médico caprichosamente “modificaron su estatuto” para incluir una cláusula y legitimar “la sanción y expulsión” para aquellos médicos “desacatados” que formalizaban convenios con el IOSCOR en forma particular. Una coacción al derecho laboral que podría traer complicaciones penales, aunque sorprende la “pasividad” de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia.
En paralelo Miguel Horacio Giorgio –en ese entonces miembro del Concejo Deliberante de Paso de los Libres- “empuñó una denuncia en la justicia civil contra el IOSCOR solicitando la restauración de la prestación, alegando que por la rotura del convenio con el Colegio Médico se resintió la prestación”.
En la faz penal la doctora Cintia Saltzmank –Juez de Instrucción y Correccional número II-, consideró un hecho llamativo y lo tomó como fundamento, alegando que es “llamativo que el Juez de Cámara Criminal Marcelo Pardo encabezara una denuncia contra el IOSCOR”.
Es que para la Juez –según consta en el expediente- “el propio Pardo en abril del 2002 había renunciado” a la prestación de la obra social de la provincia y sin embargo no advirtió la afectación a la prestación o uso del servicio de la obra social”.
La avanzada judicial iniciada en febrero del 2009 estuvo pergeñada por Rubén Ojeda, un dirigente gremial nucleado a ATE que buscaba posicionarse ante las inminentes elecciones.
En marzo del mismo año desde el Colegio Médico Carlos Vizcaino plagió la idea y buscó embestir contra la Obra Social de la Provincia, pero desde el fuero Civil.
Finalmente en febrero de este año la Justicia Penal dio por terminada la causa, al no encontrar figura penal alguna que constituya un ilícito. Las doctoras Silvia Rivas y Liliana Zurt -asesoras legales del IOSCOR- pideron entonces enviar la resolución del fuero penal a la justicia Civil, quien debería expedierse en cualquier momento.
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