La prueba más contundente de ello la dan las imágenes que se publican a cada momento en los medios televisivos, donde se muestra la realidad del delito desde el lugar donde sucede.

Con la veracidad de una imagen que vale más que mil palabras -sobre toda la de los funcionarios-, las cámaras revelan los hechos más insólitos del día y la noche: accidentes de tránsito, robos, vandalismo, ataques de patotas, asaltos, intentos de abuso sexual, arrebatos, violencia de género, punguismo, exhibicionismo. Hasta situaciones escatológicas y cómicas, que son hábilmente aprovechadas por la TV del reality, quedan grabadas desde la lente de los modernos aparatos.

Nada se escapa al ojo de la cámara y así lo entienden, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, donde estos sistemas pasaron a ser imprescindibles en el esquema de seguridad para la población. No se escatiman esfuerzo ni dinero y los resultados están a la vista.

Pero ¿porqué entonces en Salta no funcionan? ¿Qué está mal? ¿La ubicación de las cámaras? ¿La conexión? Nadie lo sabe. Ni siquiera los propios responsables.

Lo único seguro es que cada vez que se las necesita para obtener indicios de un crimen, incluso aquellos que se cometen frente a la plaza 9 de Julio en pleno centro salteño, las cámaras nunca están operativas.

Salieron de sistema, se quedaron sin conexión, la fibra óptica se dañó o simplemente -absurda respuesta- “la rama de un árbol tapó justo el foco de la cámara en el momento del delito”.

En esta historia, la excusa es moneda corriente y la frustración acaba con las expectativas de la opinión pública.

El funcionamiento, si existe, de las cámaras de seguridad en Salta, amenaza con abrir otra herida en el flanco de la política de Seguridad de la Provincia.

Entonces la pregunta se hace más inquisidora y legítima. ¿Qué pasó con el contrato de 54 millones de dólares que el Gobierno firmó con la compañía Telmex en junio de 2012?

Repasemos. Según el contrato, el grupo perteneciente al mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del planeta, el sistema para toda la provincia incluía la instalación de 1100 cámaras, de las cuales 100 serían móviles y montadas en los vehículos del 911. Además de ello se garantizaban 350 puntos de acceso gratuito a Internet con Wi Fi en capital y el interior, interconexión a la red de voz de datos y videos en todos los organismos públicos y puesta en funcionamiento de los centros de control. Todo esto tendría que estar en pleno funcionamiento según el contrato.

Pero la realidad indica que existe un centro de monitoreo y que sólo se instalaron 382 cámaras en Capital. Algunas de ellas no funcionan y son las que están en el centro de la ciudad. Todo lo demás es promesa de casi dos años.

El problema tiene varios vértices con pocas posibilidades de solución en el corto plazo.

Pero hay uno en particular que pretende mantenerse oculto entre las bombas de humo de la prensa oficialista.

No hay que engañarse: el problema más serio en todo esto es que el sistema en Salta está planificado para actuar en la contingencia y sin ningún plan preventivo. Esto quiere decir que, por más que las cámaras funcionen correctamente y en su totalidad, los patrullajes del 911 no podrán llegar nunca a tiempo para prevenir un delito en curso, porque no existe una “interfaz” inmediata entre el monitoreo y el patrullaje en las calles. Es decir que no hay sistema de respaldo para una acción preventiva Las patrullas del 911 no podrán evitar un delito que están en curso si no existe una comunicación eficaz entre los móviles y el centro de control, un pequeño detalle que parecen haber pasado por alto para las autoridades y responsables del área de Seguridad.

DATO

Lo único seguro es que cada vez que se las necesita para obtener indicios de un delito, las cámaras nunca están operativas.