Más que nunca, el Poder Legislativo tucumano procedió a un accionar fugaz, sin dilaciones y ni siquiera instancias de debate en torno al acuerdo brindado para los pliegos de aquellos nuevos jueces, fiscales y defensores oficiales que fueron propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar los centros judiciales del Sur de la provincia.

Además y como aspecto principal, idéntico tratamiento recibió el nombramiento del flamante integrante de la Corte Suprema local, Daniel Posse, cuya postulación sorteó sin mascullones la frágil negativa opositora en el recinto ante la abrumadora voluntad de los números oficialistas.

De este modo, Posse se convirtió en el tercer vocal del Máximo Tribunal impuesto por decisión del gobernador José Alperovich, ajustándose a los preceptos constitucionales que habilitan esta metodología de designación.

Por ello, el hasta ahora Defensor del Pueblo de la provincia, pasará a ocupar el lugar que dejó vacante Alberto José Brito quien en los suspiros finales del pasado diciembre se acogió a los beneficios jubilatorios por sus labores prestadas a lo largo de su carrera, incluido el 82 por ciento móvil.

Los sectores refractarios al justicialismo vernáculo ya habían anticipado su postura en contra de tal designación por considerar que la persona elegida forma parte del funcionariado oficialista a lo que debe adicionarse la relación de suma amistad entablada entre Posse y Alperovich. Situación que, a entender de los opositores, condicionarían el accionar del juez supremo al momento de tener que intervenir en casos que afecten los intereses del gobierno comarcano.

Estas consideraciones no pudieron ser expresadas en el recinto ya que, ajustándose al reglamente interno del cuerpo, la votación tuvo que efectuarse sin debate ni fundamentaciones para no deslizar apreciaciones que puedan mancillar la embestidura del magistrado, limitándose a postular el rechazo o la aceptación del pliego en cuestión. Incluso se vedó la presencia del público en las gradas, solamente la prensa acreditada pudo seguir el "tratamiento".

Por ello, sin mayores sorpresas, la votación final arrojó 36 posturas a favor del nombramiento (Bloque Tucumán Crece y aliados) contra solamente tres en contra, entre las que se encontraban las voluntades de Esteban Jerez (Bloque Alberdi), Federico Romano Norri (UCR) y Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro (Partido Laborista). José Luis y Ricardo Bussi no asistieron. De esta manera, Posse conformará una Corte donde, a estas alturas, la mayoría de sus miembros (tres de cinco en total) fueron escogidos por Alperovich: su presidente, Antonio Estofán accedió en 2007 y Claudia Sbdar arribó un año después.

El pasado lo condena

Igual metodología operativa de aprobación de pliegos se concretó al momento de brindar acuerdos para comenzar a paliar las vacancias producidas en el marco judicial de la provincia. Sin embargo, aquí también se produjo un hecho que levantó suspicacias en los momentos previos a la sesión, ya que en uno de los nombres elevados, el Poder Ejecutivo se apartó del orden de mérito establecido luego de las tres etapas (antecedentes, prueba de oposición y entrevista) del concurso llevado a cabo por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

En dicha instancia, la persona que obtuvo el mejor puntaje para asumir como Fiscal de Instrucción del Centro Judicial de Monteros fue el abogado Carlos López, quien resultó excluido por decisión del Gobernador sin fundamentación alguna siendo su lugar ocupado por aquel que resultara segundo en ese concurso, Jorge Ariel Carrasco.

La razón de lo dispuesto por el Ejecutivo (avalado por la ley que reglamenta la conformación del CAM) estaría fundada en los antecedentes que confeccionan el pasado laboral que ejecutó López, ya que se desempeñó como ex secretario de quien fuera Fiscal de Estado hasta el año 2003 y actual legislador, Esteban Jerez. Por ese entonces, ambos se encontraban investigando el supuesto uso irregular de dineros públicos que recibía la Fundación PIBE, que era presidida por la esposa del Mandatario, la senadora Beatriz Rojkés, como así también el gobierno de Julio Miranda (Alperovich era su Ministro de economía) se encontraba constantemente bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.

Tal panorama habría determinado el accionar discrecional digitado, lo que posibilitó que Carrasco sea avalado para la cobertura vacante en la Fiscalía de Instrucción de Monteros. Así, la votación resultó 37 a favor contra la única postura negativa, proferida por "Renzo" Cirnigliaro, quien además procedió de igual manera en los otros tres nombramientos.

Con respecto a esto último, el cuerpo legisferante prestó acuerdo también a los siguientes juristas: Guillermo José Acosta (Juez de Instrucción de la II Nominación), Jorge Antonio Echayde (Fiscal de Instrucción de la III Nominación) y María Carolina Ballesteros (Defensora Oficial Penal de la II Nominación), todos afectados al Centro Judicial de Concepción.

Durante febrero se designará al nuevo Defensor del Pueblo.

El gobernador interino, Regino Amado, anunció que en el mes de febrero se podría abrir el registro de postulantes para concursar por el cargo de Defensor del Pueblo de Tucumán.

Una vez que se decida la fecha exacta, los interesados podrán dejar sus curriculum en la mesa de entrada de la Legislatura.

Superado el período de impugnaciones, los parlamentarios analizarán los pliegos de los postulantes. En sesión, designarán al nuevo ombudsman que ingresará a la Defensoría en reemplazo de Daniel Posse, quien asumirá como vocal de la Corte Suprema de Justicia.