El fiscal general Gustavo Gómez y el imputado Juan Manzur recibieron sendos reveses procesales de parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ese tribunal rechazó el recurso de casación que había interpuesto el representante del Ministerio Público para revertir su apartamiento de la investigación del supuesto enriquecimiento ilícito del vicegobernador con licencia y ministro de Salud de la Nación. La decisión del 28 de noviembre asimismo desestimó el planteo de la defensa contra la decisión que mantiene a Leopoldo Peralta Palma, fiscal subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, como fiscal de la causa en sustitución de Gómez.

Los vocales Marina Cossio (presidenta), Ricardo Mario Sanjuán, Raúl Mender, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino a grandes rasgos consideraron que no estaban acreditados los requisitos que la ley prevé para admitir los planteos. “No corresponde hacer lugar a los recursos deducidos por el Ministerio Público y la defensa porque la decisión cuestionada (del 24 de octubre) no es definitiva ni pone fin a la acción o a la pena ni hace imposible la continuación de las actuaciones”, dijeron los jueces. Y recordaron que sólo la existencia de las circunstancias mencionadas habilitaban la concesión de un recurso de casación cuyo fin es que la Cámara Nacional de Casación Penal revise la sentencia controvertida.

Las partes aún pueden acudir a ese estrado con sede en la capital del país mediante la presentación de una queja por casación denegada (este sería el plan de Gómez, según fuentes judiciales). Mientras tanto, el proceso iniciado hace cuatro años proseguirá con Peralta Palma. Ese fiscal ha de sostener el recurso de apelación que presentó Carlos Brito, su par de primera instancia, contra la sentencia que sobreseyó a Manzur. Dicha decisión fue emitida por Daniel Bejas, juez federal N°1, en la víspera del comienzo del Mundial de Fútbol. 

La audiencia de la discordia

Desde entonces, el trámite del expediente está detenido en la definición de quién representará al Ministerio Público ante la Cámara. En agosto, el fiscal general subrogante Peralta Palma pidió al tribunal que celebre la audiencia oral y pública para que las partes se pronuncien sobre el sobreseimiento dispuesto Bejas. Si bien el acto en cuestión está previsto en el Código Procesal Penal de la Nación (artículo 454) y debería ser la regla, en los Tribunales Federales de Tucumán reviste carácter excepcional y sólo procede cuando una de las partes lo pide expresamente, según la acordada que emitió la Cámara. De lo contrario, la apelación tramita por escrito. Peralta Palma expresó en su dictamen que requería la audiencia por instrucción de Gómez, que en aquel momento estaba de licencia.

A continuación, los abogados de Manzur, Fernando Poviña y Nicolás Pedro Brito, recusaron a los fiscales. “Sl ordenar un criterio a la distancia, Gómez procedió a abusar de sus funciones atribuyéndose facultades que sólo puede ejercer Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación”. El argumento de la pérdida de objetividad fue acogido por la Cámara, que el 24 de octubre admitió la recusación sólo respecto de Gómez. El tribunal expresó que bastaba la insinuación o el temor de falta de objetividad para apartar al recusado en aras de resguardar los derechos del acusado Manzur.

El funcionario público es investigado por la denuncia que presentó el peronista disidente Oscar López. El patrimonio declarado del médico de 45 años asciende a $ 13,9 millones, según la declaración jurada de 2013. En la de 2012, Manzur informó que poseía $ 9,6 millones. El ministro detalló bienes por $ 4,6 millones en julio de 2009, cuando pasó a la Nación: al final de ese año, el patrimonio llegó a los $ 4,9 millones. En 2010, el médico dio cuenta de una fortuna de $ 5,9 millones. En 2011, el patrimonio superó los $ 8,2 millones. En 2003, cuando asumió como ministro del gobernador José Alperovich, habría declarado una fortuna próxima a los $ 370.000. Es decir, sus bienes crecieron 37,5 veces en la última década.