Los tribunales federales marplatenses están en feria por la instalación de un nuevo sistema informático hasta el próximo martes, pero los camaristas recibieron la pasada semana un pedido de los fiscales de terminar con las dilacionesa y por eso dispusieron habilitar en feria, cursando la notificación pertinente.

A principios de junio pasado, el mismo tribunal había provocado la paralización del expediente al solicitar el cuerpo principal de la causa para resolver los incidentes generados en los recursos interpuestos por Hooft. “Teniendo en cuenta la cuestión respecto de la cual se instituyen las presentes actuaciones y su ascendencia habida -por aquellas cuestiones- en la causa principal, en función de lo previsto en el Reglamento de esta Cámara Federal de Apelaciones, habilítese la feria judicial”, señala la cédula de notificación remitida al Ministerio Público Fiscal.

La fiscalía federal de Mar del Plata -que tiene a todos sus miembros apartados de la causa- dio inmediatamente aviso al fiscal de la Procuración, Horacio Azzolín, quien inteviene en el expediente desde julio. Azzolín participó el jueves pasado junto al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, en la audiencia ante la Cámara previa a la resolución de estos incidentes.

En esa oportunidad, los fiscales pidieron a los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza que rechacen la recusación de la defensa de Hooft al juez federal Martín Bava y que valide su llamado a declaración indagatoria. “Está en ustedes poner coto a las dilaciones innecesarias para desalentar estas prácticas”, le dijo Azzolín a los jueces.

En esa misma audiencia, Hooft recusó previamente a Auat y Azzolín, petición que fue rechazada por la Cámara y denunciada por los fiscales como “otra maniobra dilatoria” para la prosecución de la causa.

Hooft faltó a su declaración indagatoria tres veces -y en una cuarta oportunidad logró la suspensión de la audiencia-, amparado en los fueros de juez correccional de la provincia de Buenos Aires de los que todavía goza pese a estar suspendido y sometido a un jury de enjuiciamiento.

La vigencia de sus fueros impiden su detención y que sea llevado por la fuerza a declarar, pero pese a ello la Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar hace quince días a un recurso de queja de la fiscalía y ordenó la prohibición de salida del país al imputado.