Se trata del Expediente N°6128/2009, ingresado por el Departamento Ejecutivo, un Proyecto de Ordenanza autorizando la contratación de un servicio de relevamiento extrajudicial y judicial, a responsables de publicidad y uso de espacios públicos, que fue aprobado por unanimidad en la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante en el mes de julio de 2010.

La Cámara "rechaza y repudia" la aplicación de esta Ordenanza a la que califica como "impuesto, no tasa". En la solicitada se expresan los motivos de su manifestación, los que explici-taron ante La Mañana Juan Carlos Garrido y Aldo Castellani, miembros de comisión directiva de la entidad con sede en calle Las Heras.

"Durante 2010 la Cámara Comercial e Industrial ha hecho gestiones ante la secretaria de Hacienda y el intendente municipal para evitar la implementación de esta tasa de publicidad y propaganda que se aprobó en el Concejo a mediados de año. Nos enteramos que se había aprobado por ciertas líneas de comunicación, no porque se nos haya informado que el Ejecutivo iba a llevar adelante una acción de este tipo, y solicitamos una reunión. A partir de entonces hemos mantenido conversaciones con el intendente Erreca y la contadora Susana Patti sobre la postura de la institución respecto de este nuevo 'tributo'", sostuvieron.

Desde que la Cámara conoció la aprobación del Proyecto de Ordenanza, consultaron con sus pares del Nucleamiento empresarial del noroeste bonaerense para saber qué decisión tomar y cómo actuar al respecto. "En los últimos cinco años hemos perseguido con mucho esfuerzo y la no aplicación de estos nuevos tributos en esta región", indicaron. Y detallaron los motivos de su postura: "esto no es una tasa, porque no hay una contrapres-tación de un servicio; ni un derecho de publicidad, porque un derecho supone que el sujeto paga la concesión de alguna ventaja en la ocupación del espacio público y este no es el caso. Lo que grava esta Ordenanza son anuncios o identificaciones de mercaderías o servicios en el espacio público y en todo lo que al espacio público pueda llegar, o sea, las vidrieras. Además, habría que definir a qué se considera espacio público, porque se han hecho releva-mientos en estaciones de servicio en la parte de los shops", clarificaron.

De acuerdo a su interpretación, esta situación tiene dos agravantes: "uno de ellos es la corresponsa-bilidad del comercio -en el pago de la tasa-, lo cual aparece indicado en el artículo sexto de la Ordenanza cuando dice 'serán solidariamente responsables de su pago los permisio-narios y los beneficiarios'. El hecho de hacer solidarios a quiénes tienen las marcas en sus vidrieras nos parece de un alto grado de irresponsabilidad porque lo que se está buscando es, más que establecer un derecho por privilegio, aplicarse un tributo sobre la marca registrada. No hay un contrato de publicidad entre el comercio y la marca registrada. Lo que hace el comercio quizás, en su presentación de negocio, es identificar la marca que está vendiendo, es una estrategia de visualización". "Otro aspecto es la tercerización en la fiscalización del tributo. Desde la institución decimos que ciertas funciones principales del fisco no deben privatizarse porque, primero y principal, vemos que se convierten en una práctica común de los municipios y generan grandes problemas porque no se controlan los intentos de percepciones indebidas por parte de estas empresas adjudicatarias de esta concesión de prestación de servicios; y estas empresas se quedan con altísimos porcentajes de las liquidaciones de los tributos. Cuanto más se fiscalice y se eleve para su cobro a las marcas registradas, el porcentaje de cobro de servicios se eleva", agregaron.

Sobre los montos que se aplicarían, los representantes cameriles reconocieron su elevado valor. Y expusieron ejemplos de cómo ello gravaría finalmente al comerciante local: en General Villegas, donde se aplica "este nuevo tributo", se efectuó un relevamiento a un comerciante y se le midió cuántos centímetros cuadrados ocupaban en la vidriera las cajas de una conocida marca de calzado. Como dicha marca se negó a absorber el costo se lo trasladó al comerciante en una nota de débito. "En Bolívar, de acuerdo a lo que nos dijeron la contadora Patti y el intendente, si ocurriera eso no aplicarían la Ordenanza. Pero eso no está explicitado en la norma", pusieron de relieve. Y sobre este punto volvieron una y otra vez. "la norma es tremendamente amplia, y da como para ir probando, haciendo prueba y error dentro de nuestra localidad y ver hasta donde se puede llegar con esto. Y esto no es lo que queremos, creemos que esta medida es de corte netamente recaudatorio. Se aprobó un 50 por ciento de aumento en las tasas; nosotros siempre nos hemos opuesto a los incrementos generalizados y hemos sido partícipes de un presupuesto participativo, donde en lugar de debatir los ingresos se debata la aplicación de los recursos. Y si ya se aplicará un 50 por ciento de aumento, ¿era necesario sumar este nuevo tributo en el Partido de Bolívar? Por eso, como decimos al final de la solicitada, no queremos decisiones arbitrarias, queremos la consulta y el consenso. Es lo mejor que nos puede ocurrir como sociedad".

En lo que hace a antecedentes de este tipo de proyectos, la gente de la Cámara citó a su aplicación "en el Conurbano hace un par de años, a través de unos estudios de abogados que son los que lo difunden y promueven en los Concejos Deliberantes del interior como negocio". En cuanto al interior, en Carlos Casares anduvo muy bien y no afectó al comercio local porque "se apuntó a las estaciones de servicio, que habían hecho un convenio con la bandera de la marca en el que se establecía que todos los derechos de publicidad tenían que ser abonados por el concesionario".

Esta medida comenzó a regir desde el 1 de enero y a partir de entonces se comenzarán a realizar los relevamientos para cotejar si existe esta visualización de las marcas registradas en los comercios. Caste-llani y Garrido afirmaron que, pese a los intentos para que no se aplicase la Ordenanza, en la última reunión que mantuvieron con el intendente y la secretaria de Hacienda el primer mandatario comunal les dejó en claro que no se daría marcha atrás y "que la Cámara Comercial e Industrial hiciera lo que considerara hacer". "Por lo tanto nos vemos en la necesidad y la obligación de informar a nuestros asociados, y a la comunidad comercial toda, los hechos tal como sucedieron y de qué estamos hablando, para que estén al tanto de la situación. Esperaremos cómo se desarrollen los acontecimientos; lo que haremos es defender a los comerciantes e industriales, aún si se necesitase una acción judicial en contra del Municipio, porque somos la entidad gremial y empresaria que los representa, y nos debemos a nuestros asociados", clarificaron.

Y detallaron sobre qué se hará el relevamiento, según lo explicita la nueva norma municipal: "se considera publicidad y propaganda a todo lo que se realice en la vía pública o trascienda a ésta. Estamos hablando de letreros, avisos simples, toldos, paredes, heladeras, exhibidores, marquesinas, vidrieras, letreros salientes por faz, avisos sobre rutas y caminos, murales, banderas -"no nos queremos imaginar a los inspectores de Buenos Aires ingresando a la exposición de la Sociedad Rural a medir los metros cuadrados de las banderas"-, entre otros". Dieron a conocer también cómo se pondrá en práctica: "la Municipalidad, a través de la Ordenanza 2064/2010, permite la tercerización de la fiscalización de este nuevo tributo en el Partido de Bolívar. Esto fue licitado y, obviamente, quien ganó fue el estudio jurídico que lleva adelante estas iniciativas en el Conurbano. Hay un convenio marco, aprobado por el HCD, respecto de esta tercerización; no sabemos cuáles son los honorarios que percibirá el adjudicatario por los servicios que prestará aunque sí conocemos que son muy elevados". "Una vez que se hace la fiscalización, este estudio eleva toda la información al Municipio, éste coteja, decanta lo que deba decantar, y hace las facturas a las marcas registradas. Quien cobra es el Municipio", puntualizaron a modo de cierre