Lo dijo por el fallo del juez de control Nicolás Casagrande Lorences, quien dictó la incompetencia de la justicia ordinaria para investigar la denuncia penal de la FIA por las irregularidades en la obra de cloacas del barrio Butaló.

El director general de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Santa Rosa Claudio Pérez anticipó que apelarán el fallo del juez Nicolás Casagrande Lorences que declaró la incompetencia de la justicia ordinaria en las irregularidades de la obra de cloacas del Barrio Butaló.

“Hay cuestiones que están equivocadas o están oscuras”, dijo Pérez al analizar los argumentos del fallo del juez Casagrande y el dictamen del fiscal Máximo Paulucci.

Pérez apuntó a los párrafos del fallo que indican que el damnificado es el Estado nacional. Al describir que la obra era del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) y que los fondos no ingresaron al municipio, Casagrande concluye que “nos encontramos frente a un interés público nacional claro y concreto”. Y agrega: “lo dicho me permite concluir que tal como se han planteado los hechos el Estado Nacional sería ofendido penalmente debiendo investigarse la violación de una ley nacional, la defraudación a las rentas públicas del mismo, como así también la conducta de sus empleados y/o funcionarios”.

El director de Asuntos Jurídicos remarcó que “el primer damnificado es la municipalidad. La obra la pagó la municipalidad y después el ENOHSA remitió los fondos. Además pagó lo licitado, que eran 2.233.000 pesos. La obra costó 5 millones de pesos con una redeterminación de precios y una adenda”.

Pérez dijo que “analizamos qué hacer, porque hay que evaluar que hay un daño y un riesgo sanitario en la actualidad. Pero hay cosas que no podemos consentir, consideraciones que no son ciertas”.

Dijo que la Municipalidad ya inició la actualización de las especificaciones técnicas de la obra (que incluirá agua y cloacas), para una contratación directa. “La obra se va a empezar independientemente de la apelación y la definición de la competencia. Ahora va a la Cámara y no sabemos cuánto tiempo puede pasar (para que se defina la competencia). Hay mucha prueba y documentación de lo ocurrido, un peritaje técnico y un informe del ENOHSA de que la obra no se hizo. Pero cuando se abran las calles y las veredas, tomaremos más pruebas a través de un escribano”.