Las centros de salud privados de la Provincia trabajan con serias dificultades económicas y financieras y algunos se encuentran al borde del cierre, según plantea, en un duro diagnóstico, la Federación de Clínicas de Buenos Aires -Fecliba-. Y en la Región, de acuerdo a la entidad, alrededor de un 30 por ciento de esas instituciones fueron superadas por la crisis y dejaron de funcionar en el lapso de la última década.

“Las clínicas, sanatorios y hospitales privados se debaten en un medio político, social, económico y financiero que los conduce, pausada pero inexorablemente, al cierre o a un funcionamiento acotado”, señala un comunicado difundido por Fecliba. Según se explicó, las razones de la crítica situación hay que buscarlas en un menú prestacional que no cubren por entero las obras sociales (principal fuente de ingresos); una carga tributaria elevada; el alto costo de los juicios por mala praxis; y el endeudamiento de las mutuales.

Algunos datos dan cuenta de la realidad que preocupa en las clínicas. En la Provincia se cerraron, durante los diez últimos años, alrededor de un centenar de establecimientos, lo que representa 3 mil camas menos y 5 mil puestos de trabajo perdidos.

El sector se sustenta, en un 95 por ciento, por las obras sociales y sindicales, con el IOMA y PAMI a la cabeza, y entre las prestaciones es muy baja la proporción de lo que se atiende a través de las prepagas e ínfimo el número de pacientes que recurren al sistema de manera particular. El problema es que las mutuales, aunque en la actualidad pagan mes completo de servicios arrastran retrasos de hasta tres meses.

Héctor Vazzano, presidente de FECLIBA, explicó que el Programa Médico Obligatorio -PMO- les exige a los sanatorios la atención de casi todas las prestaciones. “Los ingresos que reciben las clínicas no alcanzan para todo porque las obras sociales terminan trasladando aranceles no retributivos, que finalmente absorbe el prestador”, indicó el profesional.

LOS LITIGIOS POR MALA PRAXIS

Otro factor que incide en la crisis es el que deviene de los juicios por mala praxis que, según los definió Vazzano “son indebidos” por “el desmesurado otorgamiento del beneficio de litigar sin gasto, lo que profundiza el desfinanciamiento del sector”. En su opinión, en esos casos, debería hacerse cargo de los costos el Estado, con abogados y peritos oficiales. “En la judicialización de la medicina se van muchos recursos en demandas que incluso no se pierden pero igual terminamos pagando nosotros”, subrayó.

Las obligaciones tributarias significan otra erogación “por demás elevada”, según señaló el titular de la entidad, y en ese sentido sostuvo que por ocuparse las clínicas de un servicio de “asistencia social de interés público” deberían recibir alguna clase de tratamiento especial.

“La ley del Seguro de Salud así nos define y, sin embargo, el sector paga los mismos impuestos que las empresas rentables. Hasta el agua, que es esencial en nuestra labor, nos la cobran como a un comercio. Esa cuestión tendría que corregirse”, concluyó Vassano al plantear el crítico panorama que vive el sector.