La crisis económica produjo un fuerte aumento en la morosidad en el pago de todo tipo de obligaciones. Ahora el Congreso se dispone a poner un estricto límite en la tasa que se le puede cobrar al cliente que se atrasó en el pago de servicios. Según un proyecto de ley presentado por el senador Oscar Parilli, el costo no puede exceder la tasa que cobra el Banco Nación por sus depósitos a plazo fijo, es decir el 37% anual.

El nuevo proyecto abarca a los siguientes conceptos: préstamos bancarios, refinanciación de tarjetas de crédito, medicina prepaga, colegios privados y todo tipo de seguros.

Por la crisis, hubo un aumento exponencial en la cantidad de clientes morosos en prácticamente todos los sectores. Parrilli le echó la culpa de la situación al gobierno de Macri y a los efectos generados por la pandemia

Al mismo tiempo, se dispone la prohibición de cobro de “ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos, intereses punitorios o cualquier otro concepto”. La fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios incluidos no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.

En todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios deberán otorgar a los usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas. Los mismos deberán respetar la tasa máxima impuesta y permitir la cancelación en como mínimo seis cuotas.

El proyecto ya generó alarma entre los distintos sectores afectados, especialmente en el sector financiero. Sucede que la tasa para refinanciar a los morosos se ubica muchos puntos por debajo de la inflación. Incluso está varios puntos debajo del tope de financiación actual por los montos impagos de la tarjeta de crédito, actualmente de 43% anual.

El proyecto ya generó alarma entre los distintos sectores afectados, especialmente en el sector financiero.

La crisis económica aumentó sustancialmente la morosidad en prácticamente todos los rubros. Para hacer frente a la caída del poder adquisitivo, las familias optan por postergar el pago de impuestos, pero luego también terminan pateando para adelante desde servicios públicos hasta otro tipo de prestaciones. Prácticamente ningún rubro quedó al margen de esta realidad.

Parrilli le echó la culpa de la situación a “los aumentos tarifarios desproporcionados por la gestión de Juntos por el Cambio que aún repercuten en la clase media”. Y advierte contra las “tasas usurarias” que se aplican sobre los clientes que entran en mora.

El nuevo proyecto abarca a los siguientes conceptos: préstamos bancarios, refinanciación de tarjetas de crédito, medicina prepaga, colegios privados y todo tipo de seguros

Los considerandos son especialmente duros con los servicios bancarios: “Una de las mayores morosidades se registra sin dudas en el pago de las tarjetas de crédito y en deudas con entidades bancarias en general, quienes a pesar de contar con un alto porcentaje de clientes morosos en los últimos años han multiplicado sus ganancias en forma exorbitante”.

“A las tasas que aplican las entidades bancarias y las empresas de tarjetas de crédito en los casos de mora, se le suman gastos administrativos, seguros de vida, que conjuntamente con la excesiva tasa de interés que se aplica, convierten a estas deudas en una real confiscación de los salarios de los usuarios”.

El proyecto dispone se dispone la prohibición de cobro de “ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos, intereses punitorios o cualquier otro concepto

En ese sentido, el senador indicó que “las tasas que se aplican en los casos de mora convierten a cualquier deuda bancaria o saldos deudores de tarjeta de crédito en obligaciones de cumplimiento imposible por cuanto superan en forma excesiva cualquier incremento salarial de los usuarios de las mismas”.

Con respecto a los servicios de medicina prepaga, los institutos educativos y las empresas aseguradoras, “las tasas de interés que aplican en los casos de mora si bien es cierto que son sensiblemente inferiores que las que aplican las entidades bancarias, de todos modos exceden la tasa pasiva que aplica el Banco Nación, generando un enriquecimiento indebido para las empresas prestadoras de cada uno de los referidos servicios”.

 

Por Pablo Wende