"Desde 2007 hasta la fecha se han emitido al menos once millones de facturas en forma dolosa", señaló ayer a Nuevo Diario, Héctor Daniel Catalán, uno de los vecinos de esa ciudad que encabeza el reclamo contra la empresa distribuidora de energía y contra el gobierno provincial.

Todos los meses, Edesa incluye en las 255 mil facturas el concepto "Canon Ampliación de Mayores", cuyo importe, aseguran, varía entre los 1.30 y los 4 pesos, de acuerdo a la categoría del cliente.

Catalán asegura que ese concepto no fue incluido en el contrato que firmó el gobierno con Edesa cuando le concesionó el servicio de distribución de energía.

Pero además citó el artículo 3 de la ley 7416 que regula el cobro de tarifas de los servicios públicos, que establece que el Ente Regulador controlará que "en la certificación no se incluyan conceptos ajenos a la prestación del servicio".

Por eso Catalán asegura que los usuarios sólo están obligados a pagar por los kilowatios que consumen. Y que es obvio que si la empresa Edesa tiene que distribuir energía, debe contar con las instalaciones que lo hagan posible, lo mismo que las empresas transportadoras.

"Pero se logra este cobro compulsivo se logra mediante la presión del corte de energía a los domicilios. Con esa presión, todos los consumidores pagan, y cuando pagan, reconocen la deuda", comentó Catalán.

Catalán, Miguel Villalba, y otros vecinos de la ciudad del sur provincial aseguran que realizaron sucesivas presentaciones en la policía y en juzgados del distrito judicial del sur, pero que no obtuvieron respuesta.

"Desde 2007 a la fecha, hemos hecho innumerables presentaciones, incluso en el Defensor del Pueblo de la Nación, pero aún no tenemos un número de expediente", afirmó Villalba.

Esta semana Edesa pasó a ser controlada por un nuevo grupo, Pampa Energía, lo que hizo que los vecinos de Rosario de la Frontera exigieran una respuesta a sus reclamos.

Catalán y Villalba están convencidos que, desde el gobernador Juan Manuel Urtubey para abajo, los funcionarios provinciales no están cumpliendo con sus deberes de funcionario público al respecto.

Ambos también apuntaron contra Adriana Cigno, vocera de la empresa. "Alguna vez argumentó que el canon ampliaciones mayores era una contribución solidaria. Pero a nosotros nunca preguntaron si queríamos aportar", aseveraron.