En cada lugar, cerca de diez trabajadores cumplían jornadas laborales de 14 horas y percibían $900 por mes. Asimismo inspectores de Migraciones constataron que había 8 personas de nacionalidad boliviana que trabajaban en el lugar y residían en el país de manera ilegal. Ambos talleres presentaban serias fallas de seguridad como ser:

Gran cantidad de material inflamable cerca de la cocina (coexistencia de taller con vivienda)

Falta de matafuegos y tablero de alimentación reglamentario

Cables de 220 v expuestos

Ante dichas faltas, se procedió a la clausura inmediata de ambos locales.