Al importante encuentro asistieron los mandatarios de Santa Fe, Salta y Mendoza.
El proyecto se basa en la interacción de los fiscales federales con sus pares provinciales, autoridades policiales, judiciales y políticas de las provincias. Además, apunta a homogeneizar las respuestas del Ministerio Público Fiscal ante el mismo fenómeno criminal.
Para Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, “esta nueva forma de organización del Ministerio Público Fiscal que estamos poniendo en marcha es una respuesta a la necesidad social de hacer frente a los problemas cada vez más graves y complejos que presenta la delincuencia organizada”.
“Debemos articular mesas de trabajo y de diálogo para generar una estrategia común que tiene que redundar en una fuerte presencia del Estado frente al crimen organizado”, remarcó la Procuradora General.
La resolución firmada en el día de ayer por Gils Carbó, crea la figura del “fiscal coordinador” para cada distrito. A estos fiscales no se les asignan funciones para intervenir directamente en los expedientes que no se encuentren a su cargo, sino que tendrán por misión la articulación de una mesa de trabajo con las distintas autoridades judiciales y políticas de las provincias.
De esta manera se buscará garantizar el acceso a información relevante para el diseño de políticas criminales ajustadas a las particularidades de cada lugar, con un conocimiento más acabado de la manifestación local de delitos como la trata y explotación de personas, el tráfico de estupefacientes y de armas, el lavado de activos, la ciber-
delincuencia y la corrupción pública y privada, entre otros.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey remarcó que “tener un fiscal coordinador de distrito es una herramienta que nos permitirá ser más operativos” y agregó que “nos animamos a hacer una mesa de trabajo por esta proposición de la pocuradora para trabajar en conjunto”.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, destacó los avances en la articulación de una política criminal coordinada “entre la Nación, la provincia, los propios municipios, las fuerzas provinciales y las fuerzas federales”.
Por su parte, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, afirmó:“No registro antecedentes de que haya habido una convocatoria de esta naturaleza y un trabajo colectivo en este tipo de delitos federales complejos que requieren de la participación y del compromiso de cada uno de los actores políticos en las provincias y en el Gobierno nacional”.
“Yo rescato dos aspectos: el primero es la decisión de la doctora Gils Carbó de visitar las provincias, de ver junto con su equipo cuál es la realidad de cada provincia y de cómo se está trabajando. El segundo aspecto es esta construcción colectiva para afrontar delitos complejos y hechos que aquejan a toda la población y de la única manera que podemos llevarlo adelante es sentados en una mesa conducida por un fiscal coordinador”, aseguró.
La asignación de funciones vinculadas a los distritos no implica la creación de nuevos cargos y tiene como fundamento el artículo 120 de la Constitución Nacional, que expresamente alude a que el Ministerio Público llevará adelante la misión de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.
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