Mientras avanza la construcción del nuevo Centro de Convenciones de la Ciudad junto a la Facultad de Derecho, en Recoleta, en la Legislatura porteña ya se instaló la polémica por la intención del gobierno local de concesionar la administración del establecimiento a manos privadas durante 30 años.

 Con salas que pueden albergar hasta 5300 personas, el edificio reemplazará al Centro Municipal de Exposiciones, cuyos galpones fueron en su mayoría desmontados, mientras los remanentes funcionan como oficinas de la obra del nuevo emprendimiento.

 Según explicó Fernando De Andreis, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, habrá un acto formal de presentación del centro a fines de agosto próximo, en tanto que el desarrollo de los primeros congresos deberá esperar hasta el verano de 2016.

 Se prevé que, entonces, el llamado Centro de Convenciones Buenos Aires se convierta en la principal sede para el turismo de reuniones en la Capital, un segmento que en 2013 -el último dato disponible- atrajo a la ciudad casi 7 millones de personas. De ellas, 450.000 concurrieron a congresos y convenciones (ver aparte).

 Entre el acto formal y la inauguración definitiva, el gobierno porteño pretende entregar en concesión por 30 años la operación del establecimiento, a cambio de que el privado favorecido pague un canon mensual y financie actividades de promoción del centro de convenciones en el ámbito nacional e internacional. 

Para eso, envió un proyecto a la Legislatura, ya que cualquier concesión superior a cinco años debe contar con permiso parlamentario.

 El borrador será discutido en la Comisión de Presupuesto y luego necesitará reunir 40 votos a favor. El trámite podría no resultar sencillo; la primera reacción de diputados opositores fue altamente contraria a la iniciativa. 

"Estoy en desacuerdo con que se concesione el Centro de Convenciones que está siendo construido y financiado por la Ciudad. No existe razón alguna para hacerlo. Un centro que claramente necesita la ciudad perfectamente puede ser administrado y dirigido por el gobierno porteño", sostuvo el legislador kirchnerista Jorge Taiana, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto.

La obra del centro de convenciones, encargada a la constructora Criba, costó a las arcas públicas 340 millones de pesos. Según fuentes oficiales, se prevé que el concesionario termine de dotar al establecimiento de butacas, todo lo referente a sonido y otro equipamiento específico de la actividad.

 "Es una locura. La Ciudad sería el socio bobo. Puso $ 340 millones y le entrega el negocio por 30 años a un privado. Hubiera sido bueno que blanquearan la intención de concesionarlo antes de que muchos diputados opositores, como yo, diéramos apoyo al proyecto de ley que permitió la construcción. Yo hubiera votado en contra", indicó Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico. 

Alejandro Bodart, del MST/Nueva Izquierda, también mostró su rechazo. "Es una constante del gobierno de Mauricio Macri la privatización de infraestructura y servicios públicos. Y como es a cambio de cánones irrisorios, se trata prácticamente de una entrega", dijo.