Una abogada es beneficiada con una probation para hacer trabajos comunitarios en el marco de una estafa a un hombre que había iniciado trámites sobre su jubilación. La medida no sorprendería a nadie en el mundillo judicial y menos en el político a menos que la mencionada letrada sea nombrada como subsecretaria de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.

Lilia Alonso, de ella se trata, fue beneficiada en junio del año pasado con una probation luego de que Juan Andrés Lemus la acusara de estafa por 10 mil pesos. Según el hombre, la abogada debía ocuparse de la “regularización de su situación previsional y determinación de sus haberes”, cosa que nunca ocurrió. Al momento de firmarse el contrato privado, Alonso era asesora de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Sin embargo, en julio de 2009 el Tribunal Oral en lo Criminal número 20 de Capital dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años a favor de Lilia María Alonso y le impuso ciento noventa y dos horas de trabajos comunitarios no remunerado a favor de la Fundación a cargo de las Casas del Niño y Jardines

Maternales de los barrios de Pinazo y Falcón de la Municipalidad de Pilar.

La decisión del Tribunal fue ratificada por la Cámara de Casación Penal en junio del año pasado que, si bien no rechazó la acusación de estafa, indicó que el hecho se circunscribió a la actividad privada y nada tenía que ver la función de Alonso en el Ministerio de Trabajo.

Mientras se cumplen los plazos de la probation, Alonso fue designada en su cargo en noviembre del año pasado en reemplazo de Miguel Ángel De Virgilis. Antes venía desempeñándose como asesora del área jurídica.

La decisión, si bien no es ilegal, levantó las críticas de varios sectores de la oposición. Por caso, el legislador de Proyecto Sur Marcelo Parrilli señaló que es “una falta grave a la ética”.

“Si se cumpliera con la ley, ni Alonso ni Macri mismo podrían ser funcionarios”, atacó.

LPO intentó contactarse con Alonso y con el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, (de quien depende la funcionaria) pero prometieron respuestas sobre el caso recién “la semana que viene”.