El Centro de Estudios para la Inclusión Social denunció ayer irregularidades en la licitación pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para comprar más de 91.000 luminarias tipo LED fabricadas en el exterior por 60 millones de dólares.

La entidad cuestiona que la licitación "no cumple su función ya que además de discriminar la tecnología y trabajo nacional imponiendo modelos extranjeros sin un argumento sólido, da un plazo de sólo 15 días para consultas sobre el pliego", según dijo Máximo Lanza, responsable del departamento jurídico.

"Es el único caso que conocemos a nivel mundial que establece pautas tan discriminatorias, poco técnicas y dirigidas con un nivel de urgencia que presuponemos beneficiará a algún importador mejor informado que el común de los proveedores de esta tecnología", añadió Lanza.

La operación incluye la adquisición de "un sistema integrado de telegestión que facilite la reconversión, actualización tecnológica y eficiencia energética del sistema de alumbrado público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Lanza dijo que “la industria nacional está en plenas condiciones de fabricar en el país tecnología LED, generando empleo y jerarquizando el trabajo argentino”.

"Estamos a favor de sumar tecnologías que sean más eficientes, amigables con el medio ambiente, pero esto no debe ser a cualquier costo y sin un análisis serio y riguroso sobre la inversión que se va a hacer con el dinero de los vecinos”, sostuvo.

Para el CEIS “resulta sugestivo que después de varios años de gestión macrista, entre gallos y medianoche, decidan cambiar el total de las luminarias conociendo que muchas de ellas tienen más de 40 años de uso y que esta compra multimillonaria no estuvo en sus planes de gobierno años atrás".

Además, de esta forma habilitan un “doble gasto” ya que "reemplazarían luminarias instaladas en las últimas semanas, hecho que delata, al menos, una escasa planificación en la inversión de los recursos económicos”.