La investigación por la contaminación de la cuenca Salí Dulce tuvo un importante avance con la concreción de las primeras cuatro indagatorias a industriales tucumanos imputados de envenenar las aguas del embalse Río Hondo. Julio Colombres, titular del grupo Colombres que posee los ingenios Nuñorco, Santa Bárbara y que arrenda el ingenio Aguilares; Miguel Ángel González, ex gerente del ingenio Marapa (grupo Atanor); José Antonio Fernández (ingenio Santa Rosa); y Santiago Gassep (ingenio Trinidad), escucharon del juez federal Guillermo Molinari las imputaciones en su contra.

Esto fue calificado como un hito por las autoridades judiciales. Pero además, surgió como novedad que la causa que se tramita en el Juzgado Federal local, avanzará sobre los responsables de la firma Sociedad Aguas del Tucumán y los municipios tucumanos que vierten líquidos cloacales sin tratar la cuenca Salí Dulce y que desembocan en el lago interprovincial.

Consultado por esta cuestión, el fiscal Pedro Simón señaló que se tratará de determinar quiénes son los titulares de la SAT para pedir la indagatoria, pero que también se buscará determinar las ciudades tucumanas que están sobre la cuenca para ver “cómo eliminan los líquidos cloacales, por cuanto también es un factor altamente contaminante”.

Simón indicó que “en base a eso se puede ampliar o no la imputación”.

Por su parte, el juez Molinari dijo que una citación a indagatoria de los responsables de la SAT se irá “evaluando en la medida que se vaya resolviendo la causa, nada está descartado”.

En una jornada ajetreada que comenzó temprano a la mañana, se presentaron los industriales tucumanos imputados junto con sus abogados. Los directivos Fernández y Gasep fueron los primeros y manifestaron su “sorpresa” por la citación a indagatoria de la Justicia Federal santiagueña, porque entendían que las acciones penales se paralizaban como parte del acuerdo entre Santiago del Estero, Tucumán y la Nación, para implementar un saneamiento de la cuenca.

Al respecto, Simón fue claro: “Esta acción penal no está dentro del acuerdo entre Nación y provincias, porque las causas penales no pueden concluir por acuerdo de partes”.

Fernández y González fueron interrogados por el juez y el fiscal y las preguntas apuntaron a cómo realizan el tratamiento de la vinaza y las circunstancias en que se produjeron los episodios de contaminación de 2009 y 2010. Ambos negaron responsabilidad alguna.

En cambio, Gasep y Colombres se abstuvieron de declarar y se comprometieron en responder en los próximos días por escrito el pliego de preguntas del Ministerio Público Fiscal.