Publicado el 31/12/2011 - El juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, habilitó la feria judicial por las causas de contaminación del embalse Río Hondo para citar a declaración indagatoria al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván; así como también a 14 directivos de ingenios y citrícolas de la vecina provincia.

Esta resolución significa un importante avance en las denuncias por la degradación de la cuenca Salí-

Dulce y en especial, del lago de Las Termas de Río Hondo; asimismo afinca el trámite judicial en Santiago del Estero, ya que el magistrado sentó competencia sobre el tema, según indicaron a EL LIBERAL fuentes judiciales.

El pedido de declaración indagatoria había sido solicitado por el fiscal federal santiagueño, Pedro Simón, y por ello deberán concurrir al Juzgado Federal de esta provincia ante la posible comisión de los delitos contemplados en la ley de Residuos Peligrosos con respecto a los industriales.

En el caso de los empresarios tucumanos, el Ministerio Público Fiscal dio impulso a una causa originada en 2010 por una denuncia del ex intendente de Las Termas, Luis Saleme, por la contaminación del embalse Río Hondo, y que contiene la denuncia de otros actores, para llevar a la Justicia a los responsables de las industrias tucumanas que violan la ley de Residuos Peligrosos al arrojar desechos sin tratamiento a ríos y arroyos que alimentan al embalse.

Empresarios

En ese sentido, fueron citados ‘a prestar declaración indagatoria con audiencias fijadas para los días 13 y 14 de febrero de 2012, a los actuales presidentes de los ingenios o firmas denunciadas y conforme a lo dictaminado’. Las empresas son Energía Sustentable del Tucumán SA, a su titular Julio José Colombres, quien además está citado por Azucarera Juan Manuel Terán SA y por SA Ser; de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge Alberto Rocchia Ferro; de SA Azucarera Argentina Comercial e Industrial, a Héctor Gregorio Mateos; de Azucarera del Sur SRL, a Santiago Daniel Gasep; del complejo Agroindustrial San Juan SA, Roberto Mario Ortiz; de Citromax SA a Luis Lorenzo Pardo; de SA San Miguel Agicifif, a Gonzalo Tanoira; de Litoral Citrus SA, a Mario Rubén Menéndez; de la firma Los Dulces Norte SA a José Antonio Fernández; del ingenio Santa Bárbara, a Fernando José Terán y a tres directivos de una papelera.

Montalván

En el caso del secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, será citado en una fecha por determinar por la Justicia federal a raíz del desastre ecológico que se produjo en la cuenca Salí-

Dulce el pasado 30 de noviembre por un vuelco masivo de vinaza.

Simón había solicitado que se produjeran varias medidas para determinar fehacientemente qué pasó y quiénes son los responsables.

El funcionario judicial calificó en esa oportunidad el hecho de ‘grave’ y apuntó contra las autoridades tucumanas, al señalar que “los órganos administrativos de contralor” no cumplían con sus funciones.

De acuerdo con fuentes judiciales, la citación al secretario de Medio Ambiente es “por haber omitido el control de la normativa ambiental nacional y de la provincia de Tucumán que posibilitó la comisión de los delitos de contaminación ambiental que se investigan en la presente instrucción”.

En ese sentido, se consideró que Montalván vulneró los bienes jurídicos protegidos ‘como son el respeto y el acatamiento debidos a las normas constitucionales y legales, configurándose la conducta descripta en el artículo 248 del Código Penal’, es decir abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Para la fiscalía, a Montalván le cabe “la responsabilidad penal que les cabría a las autoridades encargadas de ejercer los controles pertinentes tanto en función del poder de policía cuanto como partes del convenio suscrito por Nación, Provincias y titulares de empresas involucradas”.

De esta manera, la Justicia federal continuará avanzando en la causa por contaminación al embalse, tras la firma del acta compromiso en el que los funcionarios de Tucumán, así como también los industriales, se comprometieron a no arrojar vinaza ni ceniza durante la zafra 2012; donde además figura como garante la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Cabe destacar, que en caso de no prosperar el cumplimiento por parte de los empresarios, Santiago del Estero recurrirá nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia para actúe en consecuencia.