El Juzgado Federal local cerró la investigación en contra de los represores Enrique Basso, Jorge Isaac del Pino, Carlos Ricardo Ruiz (que era el jefe de la Policía de la provincia en la época de la dictadura militar), Roberto Sergio Mujica y Darío Otero Arán, quienes serán juzgados en el Tribunal Oral Federal de Catamarca por delitos de lesa humanidad, en lo que será la segunda parte de la causa que ya juzgó y condenó en 2012 a los exrepresores Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino.

La imputación por la que responderán será la de “privación ilegítima de la libertad en el marco de la desaparición forzada de personas en concurso real por asociación ilícita”.

La causa que será debatida en una fecha próxima a confirmarse por el Tribunal, trata sobre la desaparición y muerte de los catamarqueños Francisco Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce, el sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos, y la estudiante Yolanda Borda, desaparecidos en la provincia entre abril de 1976 y enero de 1977.

De los acusados mencionados, el único que permanece detenido actualmente es Otero Arán, quien es el único imputado por los tres hechos.

La causa fue elevada a juicio en el transcurso del mes que finaliza.

Menéndez

Fuentes judiciales relacionadas a la investigación, dieron a conocer que uno de los objetivos que tiene el Ministerio Público es que en el primer día del debate, sea sometido en plenario Luciano Benjamín Menéndez como uno de los autores intelectuales del hecho.

Catamarqueños

desaparecidos

Cabe recordar que en la primera parte del juicio se debatió sobre las circunstancias en que fueron desaparecidos Griselda Ponce y Genaro Burgos, el 15 de diciembre de 1976, Francisco Ponce, el 6 de abril de 1976 y Yolanda Borda, el 27 de enero de 1977, en el marco del terrorismo de Estado ejercido por la dictadura militar que regía al país desde el 24 de marzo de 1976.

De todas maneras, el juicio que se realizó el año pasado con relación a la masacre de Capilla del Rosario, dejó precedentes de que antes de esta fecha, se habían producido delitos de lesa humanidad, como antesala a los delitos que se cometieron en todo el país en el marco de la dictadura, ya que el fusilamiento de los soldados tuvo lugar el 12 de agosto del año 1974.

Prisión domiciliaria

El Tribunal Oral de la Cámara Federal en lo Criminal de Catamarca, condenó al exJefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17, Carlos Alberto Lucena y al exJefe General de Policía, Juan Daniel Rauzzino, a 16 y 10 años de prisión “domiciliaria” respectivamente, acusados de los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la provincia.

Lucena y Rauzzino fueron condenados por la desaparición y muerte de los catamarqueños, pero la condena se cumple por parte de los exrepresores en forma domiciliaria por la avanzada edad de los imputados. Esta fue la primera causa por delitos de lesa humanidad que se juzgó en Catamarca.

Desaparecidos

Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos, Francisco Ponce, y Griselda del Huerto Ponce desaparecieron y murieron entre abril de 1976 y julio de 1977, formando parte de los 30.000 desaparecidos que se registraron en el país en el transcurso del siniestro proceso militar que gobernó a Argentina hasta el regreso a la democracia en 1983.

Los jóvenes eran estudiantes y fueron intensamente buscados por sus familias en aquel entonces.