Austria y sus vecinos por el Sur acordaron un refuerzo de los controles fronterizos en la ruta migratoria de los Balcanes, en una decisión que crea un cuello de botella que amenaza con convertir a Grecia en un enorme campamento para miles de refugiados.
Austria y sus vecinos por el Sur acordaron hoy un refuerzo de los controles fronterizos en la ruta migratoria de los Balcanes, en una decisión que crea un cuello de botella que amenaza con convertir a Grecia en un enorme campamento para miles de refugiados que han quedado atrapados en su territorio.
En Grecia, cientos de inmigrantes con niños en brazos cortaron hoy una ruta del centro del país para exigir a las autoridades que les permitan cruzar a Macedonia, cuya frontera, clausurada el domingo, fue abierta hoy aunque de manera intermitente.
En una intervención ante el Parlamento en Atenas, un día antes de que los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) se reúnan para discutir la crisis en la ruta de los Balcanes, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, advirtió a la UE que no permitirá que su país de convierta en una "depósito" de inmigrantes.
"Grecia no dará su apoyo a los acuerdos (dentro de la UE) si no se garantiza un reparto de responsabilidades entre los países miembros", sostuvo Tsipras, quien agregó que se reunirá con líderes de la oposición para armar un frente común antes de una cumbre sobre la crisis migratoria que los líderes europeos celebraran a principios del mes próximo.
Abrumada por la peor crisis de refugiados en 70 años, la UE aprobó en septiembre pasado un sistema de cuotas para reubicar en otros países del bloque a 160.000 refugiados arribados a Grecia e Italia, pero la resistencia de varios de sus miembros hizo que sólo fueran trasladados unos 400 migrantes.
El gobierno ultranacionalista de Hungría, que se opone al sistema de cuotas y ha adoptado una de las posturas más duras contra los refugiados, convocó hoy a un referéndum para que sus ciudadanos decidan si están de acuerdo con que el bloque defina cuántas personas ingresarán a su territorio.
"¿Quiere que la Unión Europea (UE) disponga, sin el consentimiento del Parlamento, sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría?", será la pregunta del referéndum en el que el Ejecutivo espera que gane el "no".
"El que vote con un no, votará por la independencia de Hungría", aseguró en rueda de prensa el primer ministro húngaro, Viktor Orban, quien desde el inicio de la crisis ha expresado su firme oposición al sistema de cuotas obligatorias para reubicar a los refugiados.
En un discurso transmitido por la TV local, el premier no precisó una fecha para la consulta, a la que serán convocados 8 millones de húngaros con derecho a voto en un país que de acuerdo al sistema de cuotas de la UE debería recibir a unos 2.300 refugiados.
"La pregunta más importante es quién compone la nación", opinó Orban, quien considera que los refugiados constituyen un peligro para la identidad europea, y que viene sosteniendo que una institución supranacional no puede imponer decisiones tan importantes.
El gobierno de Orban selló el año pasado sus fronteras meridionales con vallas para detener a los refugiados, y ha ofrecido ayuda material y humana a Macedonia para cerrar también sus fronteras con una alambrada.
Asimismo, Bélgica introdujo ayer controles fronterizos en su frontera con Francia y hoy comenzó a aplicar devoluciones inmediatas de los inmigrantes que no deseen solicitar asilo en el país, ante la posibilidad de que Francia desmantele un campamento de inmigrantes conocido como la "jungla" de Calais.
"La decisión por el momento es llevarlos de vuelta a Francia en un micro de manera inmediata", afirmó, en una conferencia de prensa, el vocero de la Policía Federal belga Peter Dewaele, quien explicó que en las primeras 24 horas de controles han evitado el ingreso de 80 personas y han detenido a otras 25.
Dewaele explicó que la Oficina de Extranjería del país indicó a las fuerzas de seguridad que obliguen a los inmigrantes a salir "de inmediato" y no pasados cinco días como se hacía antes, por lo que han procedido a "meter a la gente en un micro y conducirlos a la frontera entre Bélgica y Francia".
Los controles se realizan en tres rutas, así como en los alrededores, en la costa, trenes y colectivos, para evitar que los inmigrantes provenientes de Francia se desplacen hasta el puerto de Zeebrugge para tratar de tomar el ferry que conecta la localidad con el Reino Unido.
Estos seguirán aplicándose "tanto tiempo como sea necesario", aseguró el jefe de la Policía de la Costa Oeste belga, Nicholas Paelinck, quien explicó que las fuerzas belgas se "movilizarán" en el caso de que finalmente se desmantele "la jungla" de Calais y para evitar que siga aumentando el número de llegadas.
Entre los interceptados, quienes expresan su deseo de solicitar asilo en Bélgica son conducidos a Bruselas y puestos en manos de las autoridades responsables de gestionar los trámites sobre los refugiados.
"Los que están en el territorio sin papeles son ilegales en Bélgica. Vienen de Francia y les preguntamos '¿Los podemos ayudar con el procedimiento de asilo?' Y dicen que no, que no quieren pedir asilo ni en Francia y Bélgica", aseguró Dewaele.
Por ello existe el temor que estas personas que tratan de alcanzar el Reino Unido quieran establecer un campo de refugiados similar al de Calais en territorio belga.
"Un campo como éste no empieza con 30.000 personas a la vez, sino (que llegan) primero dos, cinco, veinte... y hay que evitarlo y mantener el orden", dijo, por su parte, Paelinck.
Este aumento de los controles fronterizos, junto con la imposición de topes al número de refugiados que han impuesto países como Austria, han causado un efecto dominó a lo largo de la ruta de los Balcanes, cuyos países también han restringido la llegada de refugiados por temor a que queden varados en su territorio.
Esta decisión, junto con un control reforzado a los refugiados a los que todavía se permite entrar -sirios e iraquíes que escapan de la guerra-, desató aglomeraciones y protestas en la frontera entre Grecia y Macedonia.
El ministro de Inmigración griego, Yannis Muzalas, informó hoy que al menos unos 20.000 inmigrantes han quedado atrapados en el país y advirtió sobre el riesgo que implica la decisión de Austria y los países balcánicos de detener el flujo de inmigrantes porque hará crecer la "inmigración ilegal".
En Viena, en tanto, los ministros de Interior y Relaciones Exteriores de Austria, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Montenegro, Macedonia, Albania y Kosovo acordaron reforzar su cooperación para frenar la ola migratoria.
Las autoridades griegas, que rechazaron participar del cónclave, temen que la decisión tomada en la capital austriaca obligue a Atenas a asumir una pesada carga que sobrepasa las capacidades del país heleno, inmerso desde hace ocho años una profunda crisis económica.
Varios colectivos con inmigrantes que se trasladaban hacia la localidad fronteriza de Idomeni fueron detenidos hoy por la policía griega que los obligó a pasar la noche en un estadio para evitar que se acumule gente en la frontera, donde ya hay unas 1.000 personas a la espera de que las autoridades macedonias les abran la puerta.
"Nadie irá a Idomeni hoy. No permitiré que ni un solo colectivo parta hacia el norte hacia nuevo aviso de que Macedonia está permitiendo a la gente cruzar", aseguró el director del departamento de Orden Público del Ministerio de Inmigración, Konstantinos Luziotis.
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