Médicos, docentes, judiciales y operarios de entidades estatales se plegaron a la medida de fuerza convocadas por los gremios ante la falta de certezas sobre lo que acontecerá con los sueldos este año.
La medida de fuerza incluyó a los médicos y profesionales de la medicina nucleados en la Cicop, a los docentes, a los judiciales y a todos los que realizan tareas en instituciones que dependen del Estado provincial.
Por esta razón, la actividad en el Hospital Interzonal “Abraham Piñeyro” y en Tribunales, entre otras instituciones, se vio reducida en comparación con su ritmo habitual.
Matías Maqueda, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense en Junín, señaló que los pedidos del personal representado por ese sindicato son un aumento del 45% retroactivo al 1º de enero y en una sola cuota, recuperar la antigüedad al 3% para los años que se pagó por debajo de ese valor, un incremento de la bonificación especial al 35%, junto a la compensación funcional que cobran los secretarios y universalización del cargo de jefe de despacho en todas las dependencias.
También se está solicitando la incorporación al básico de los jefes de despacho y perito I del 1% adeudado desde la recategorización de 2010, como así también la eliminación de los topes para el cobro de asignaciones familiares, así como el impuesto a las ganancias sobre el salario.
Por su parte, los maestros subieron la presión contra el gobierno bonaerense en el inicio de las negociaciones paritarias al sostener que el inicio de clases no está garantizado.
“Hoy no están las condiciones para empezar las clases”, dijo María Inés Sequeira, titular de la Unión de Educadores Bonaerenses, y puso así en duda que el ciclo lectivo 2014 inicie con normalidad si los trabajadores y la gestión de Daniel Scioli no llegan antes a un acuerdo salarial.
“Los gremios fueron con un planteo muy claro de que se incluya la cuestión salarial” en el diálogo con el Gobierno señaló la dirigente, y aclaró que “las clases no empiezan porque hoy no hay negociación cerrada”.
Los maestros bonaerenses y el gobierno de Daniel Scioli tuvieron el martes una primera reunión formal en lo que se prevé será una extensa negociación, en la que los docentes pretenden incorporar una cláusula de revisión que permita reabrir las paritarias si la inflación se dispara.
“Tenemos poco tiempo y tiene que haber voluntad del Gobierno”, remarcó Sequeira.
Una disputa sin final
La disputa entre los gremios y el gobierno provincial data de fines de 2013, y a pesar de las varias semanas que ya han pasado, el conflicto se endurece cada vez más.
Tanto es así que el martes, los representantes gremiales bonaerenses ratificaron la realización del paro de ayer.
“El ministro de Trabajo (Oscar Cuartango) llevó al paro de hoy (por ayer) porque la respuesta fue que no podía hacer una oferta salarial”, dijo el jefe de ATE Seccional Junín, Julio Miguenz.
El referente sindical insistió en reclamar al gobierno de Daniel Scioli “una propuesta salarial razonable para quienes estamos haciendo malabares para llegar a fin de mes”.
El jefe de ATE provincial, Oscar De Isasi también cuestionó a Cuartango por pasar la reunión a “cuarto intermedio sin fecha de nueva convocatoria y que en 24 o 48 horas se iba a avanzar en constituir un ámbito para discutir temas que no son salariales”.
Asimismo, advirtió que “si no cambia el estilo el gobierno, el 5 de marzo no comienzan las clases” y recordó que ATE exige “un aumento retroactivo al 1 de enero y en un sola cuota, y que ningún trabajador esté por debajo de la línea de la pobreza de 8 mil pesos”.
Para Miguenz, la convocatoria a paritarias sin el temario salarial es “una maniobra dilatoria y evasiva” del Estado y sostuvo que “en lugar de tomar los temas troncales que preocupan a los trabajadores, postergan el tema crucial, que hoy es otorgar un aumento salarial”.
Del paro de ayer, que incluyó una marcha a la Casa de la Provincia en Capital Federal, participarán trabajadores de la administración central nucleados en ATE, médicos de los 78 hospitales públicos representados por CICOP y judiciales de los 18 departamentos afiliados a la AJB.
La CICOP reclama al gobierno provincial un salario de 10 mil pesos para el profesional de planta permanente, los judiciales piden un aumento salarial del 45 por ciento, en una sola cuota y retroactivo al 1º de enero, y los estatales de ATE demandan una suba “que recupere la capacidad del poder adquisitivo”.
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