Es por el fallo que condenó al estado nacional a pagar US$ 384 millones por la rescisión del contrato con Aguas Argentinas. Enjasa y Aguas del Norte tienen una demanda similar, pero contra el Gobierno de Salta.
La Argentina deberá pagar una multa de US$ 384 millones por la rescisión del contrato con Aguas Argentinas. Así lo dispuso el fallo reciente del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial. Allí se tramitaba una demanda iniciada por la compañía francesa Suez, accionista de la empresa Aguas Argentinas, que tenía a su cargo el servicio de agua y tratamiento de desechos en la Ciudad de Buenos Aires desde su privatización, en 1993.
El fallo del tribunal internacional enciende las alarmas en el Centro Cívico de Grand Bourg, ya que por decreto en mayo de 2015, el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió rescindir unilateralmente el contrato de concesión y creó la Compañía de Aguas y Saneamiento (Cosaysa o más conocida como Aguas del Norte). Sin embargo, Juan Carlos Relats, accionista mayoritario de la empresa que perdió el contrato entendió que no se cumplimentaron los pasos administrativos previos y emprendió una demanda en el CIADI.
Otra de las empresas que también resultó afectada con las actitudes “kirchneristas” del Gobierno de Salta y que perdió el contrato de explotación fue Enjasa que todavía tenía 17 años por delante fue ENJASA. Casinos Austria, propietaria de Enjasa y concesionaria del juego hasta agosto de 2013, demandó al país y a la provincia de Salta ante el Centro Internacional de Arbitrajes (Ciadi), por US$ 150 millones. La empresa tenía contrato hasta 2030, pero el gobernador Juan Manuel Urtubey le rescindió el contrato por presunto lavado de dinero, aunque las pruebas aún resultan insuficientes.
El Ciadi sentó un precedente preocupante para el Gobierno de Salta, ya que si alguna de las demandas entabladas contra el estado resultan favorables para alguna de las perjudicadas con las expeditas quitas de las concesiones, seremos todos los salteños los que deberemos desembolsar millones y millones de dólares. ¿Alguno de los funcionarios responsables se hará cargo de las onerosas consecuencias por las decisiones tomadas?.

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