CARACAS (DPA).- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retiró ayer su reciente oferta de derogar la ley de poderes especiales para legislar por decreto durante 18 meses, al alegar que la oposición no respondió adecuadamente a su propuesta de conciliación política.

"No voy a devolverles la ley habilitante, están muy equivocados. Ellos (la oposición) se niegan a debatir porque se quitan la máscara de voceros de la burguesía'', dijo en un mensaje transmitido al país en una cadena de radio y televisión.

El mandatario dijo que había extendido la mano a la oposición con una propuesta de recortar la duración de los poderes especiales, para incentivar el diálogo, pero la respuesta fue un pedido de derogación inmediata de la ley.

"Dicen que todo o nada. Entonces vayan a lavarse ese paltó (expresión popular para rechazar la posición del contrario). No voy a devolverles la ley habilitante. Las leyes habilitantes son una necesidad, están en la Constitución", expuso el líder venezolano.

El mandatario le había ofrecido a la oposición el sábado pasado una propuesta de conciliación política, aprovechando la presentación en la Asamblea Nacional de su mensaje sobre la gestión de gobierno en 2010.

El líder venezolano había sugerido además recortar la ley de 18 a cinco meses como un gesto de acercamiento a la oposición, que volvió a la cámara legislativa después de una ausencia de cinco años por su boicot a las elecciones legislativas de 2005.

Inconstitucional

Los diputados opositores, que ahora tienen 65 de los 165 escaños de la cámara, aceptaron la oferta de diálogo pero insistieron en que la ley habilitante es inconstitucional y debe ser derogada inmediatamente debido a que excede las atribuciones del presidente y fue aprobada por un Congreso que terminó su mandato el 4 del actual.

Chávez pidió poderes especiales por un año pero la Asamblea que expiró el 4 de enero, en la cual el oficialismo tenía una mayoría absoluta, la aprobó por 18 meses.

La norma provocó un roce con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que en una primera declaración advirtió que la ley habilitante atenta contra la Carta Democrática Interamericana, aunque posteriormente suavizó sus críticas.