CARACAS.- En 11 años de gobierno, el presidente Hugo Chávez solicitó en tres ocasiones poderes especiales para reforzar su proyecto socialista más allá de lo estipulado por la Constitución y las leyes venezolanas.

Hoy, por cuarta vez, el mandatario se prepara para pedir al Parlamento que le otorgue poderes extraordinarios que le permitan gobernar por decreto para enfrentar la tragedia de las inundaciones, que han dejado casi 40 muertos y cientos de miles de damnificados en el país.

Pero los opositores advierten que la emergencia climática es sólo una excusa de Chávez para radicalizar su proyecto marxista antes del 5 del mes próximo, cuando se instale la nueva Asamblea, en la que el oficialismo ya no contará con la mayoría absoluta.

Además de la ley habilitante, los diputados chavistas anunciaron que esta semana serán sancionadas otras leyes, como la de las comunas y la reforma de la ley de radio y TV, que buscan profundizar el proyecto político que fue rechazado por la población en el referéndum de 2007.

El pedido de poderes especiales del presidente se da en momentos en que el país vive una situación de emergencia por las intensas lluvias de las dos últimas semanas. "Debemos legislar con la premura y la radicalidad que nos exigen las circunstancias. Por eso mismo, he decidido solicitar a la Asamblea Nacional la activación de una ley habilitante que permita al Ejecutivo dictar decretos leyes", dijo ayer el mandatario en su artículo semanal de opinión. "No hay tiempo que perder, necesito dictar leyes con rapidez ahora."

Chávez precisó que enviará el proyecto de ley habilitante entre hoy y mañana a la Asamblea para que lo apruebe rápidamente, de manera tal que pueda comenzar a emitir el sábado los primeros decretos "en áreas prioritarias como la vivienda, la agricultura, la alimentación, la infraestructura y la economía, con el fin de solventar definitivamente la emergencia".

El mandatario no detalló qué leyes decretará ni por cuánto tiempo pedirá los poderes especiales, que ya le fueron concedidos por la mayoría oficialista en tres ocasiones anteriores: en 1999, por seis meses; en 2000, por un año, y 2007, por 18 meses.

Gracias a ellos, aprobó en total más de 100 leyes que le permitieron nacionalizar el sector petrolero y de telecomunicaciones, elevar el número de magistrados de la Corte e impulsar una reforma agraria.

"He sacado el látigo y la espada para esta nueva batalla que estamos librando, no contra el imperialismo y sus lacayos, ante la cual no debemos descuidarnos, sino contra los viejos vicios y las nefastas prácticas del Estado burocrático", dijo Chávez.

"¡Guerra a muerte contra el burocratismo: contra la contrarrevolución burocrática! Ahora, más que nunca, la calle es el campo de batalla de nuestra lucha por la justicia y la igualdad", puntualizó.

El anuncio de Chávez provocó una fuerte reacción de la oposición, ya que falta menos de un mes para que asuma el nuevo Congreso, en el que el oficialismo ya no contará con las dos terceras partes de los votos y estará obligado a negociar. La oposición tendrá 67 de los 165 escaños, gracias al fuerte avance que obtuvo en las elecciones parlamentarias de septiembre.

Para su aprobación, una ley habilitante necesita tres quintos de los diputados, la misma cantidad requerida para ser eventualmente derogada. En el próximo Parlamento ninguna facción tendrá esa mayoría calificada.

Algunos analistas y opositores ya habían advertido que Chávez podría recurrir a una nueva ley habilitante para neutralizar la acción de la bancada opositora, que anunció que impondría mayores controles a la gestión del mandatario.

"La intención del presidente es mermar y disminuir las competencias de los diputados que van a entrar en la nueva Asamblea el 5 de enero", denunció el diputado Juan José Molina, del opositor partido Podemos.

"Solicitar una ley habilitante cuando está por concluir el período constitucional implica arrebatarle la competencia a la próxima Asamblea, que tiene una composición sustancialmente distinta", advirtió el abogado constitucionalista Tulio Alvarez.

El analista Carlos Romero, en tanto, sugirió que Chávez podría estar aprovechándose de la situación de emergencia que atraviesa el país para "profundizar la radicalización del procesos bolivariano".

El acelerador

La oficialista Asamblea Nacional, de hecho, pisó el acelerador la semana pasada para aprobar leyes que favorezcan la creación de un Estado comunal socialista. La meta anunciada por los parlamentarios es sancionar las "leyes del poder popular" antes del 28 del actual, para dejar el país encaminado hacia el proyecto marxista que Chávez intenta implantar desde hace varios años.

Son cinco las leyes del poder popular que el oficialismo busca aprobar en segunda discusión en los próximos días: la ley de comunas; la del sistema económico comunal; la de contraloría social; planificación pública y popular, y la ley poder popular.

Para lograr este objetivo, la bancada oficialista deberá convocar a sesiones extraordinarias que le permitan cumplir con el mandato presidencial de legalizar el proyecto comunal e institucionalizar el socialismo antes de que termine el año.

Estas nuevas leyes son muy cuestionadas por la oposición, ya que crearían espacios paralelos a las instituciones ya establecidas por la Constitución (como el Parlamento, las gobernaciones y alcaldías) y se retrocedería en materia económica y propiedad privada (con el trueque y la estatización de empresas e industrias).

La ley de las comunas propone reorganizar el mapa del país al crear 200 nuevas jurisdicciones con gobierno propio que asumirán recursos y competencias de los municipios, alcaldías o gobernaciones. También se plantea instalar el Parlamento Comunal (Parlacom), una legislatura paralela a la asamblea plural elegida el pasado 26 de septiembre.

La ley sobre economía popular refuerza esta idea de la vida comunal y prevé utilizar el trueque como sistema económico comunal para intercambiar bienes sin usar el bolívar. Para Hebert Koenecke, politólogo de la Universidad Simón Bolívar, estas leyes implican un retroceso en los avances que se han hecho en materia política y económica. "El trueque es una forma primitiva de la economía", afirmó.

La agenda "exprés" que el Parlamento activó esta semana incluye la designación de nueve magistrados para un período de 12 años y 32 suplentes para seis años. La nueva magistratura quedó conformada por diputados chavistas, altos funcionarios del gobierno, ex embajadores y jueces afines al proceso revolucionario.

Estos nombramientos fueron cuestionados por la oposición, porque no se cumplieron los plazos para la designación y porque afianza la parcialidad del Poder Judicial a favor del presidente.

En los próximos días, además, la Asamblea sancionaría una reforma para regular contenidos en Internet (ver aparte).

Un frente común en la región

CARACAS (AP).- Diplomáticos norteamericanos analizaron la forma de contrarrestar la influencia en América latina del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, e incluso intentaron disuadir a otros países de venderles armas, según nuevos documentos confidenciales difundidos ayer por WikiLeaks. En un documento secreto de 2008, emitido por la embajada norteamericana en Colombia, se señala que el entonces presidente Alvaro Uribe exhortó a Washington a "dirigir una campaña pública contra Venezuela". Agregó que los mandatarios de países como México, Panamá y Costa Rica eran "lideres naturales para hacer frente a Chávez".

El avance sobre la propiedad privada

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aceleró el proceso de nacionalizaciones iniciado en 2007, dentro de su estrategia de "radicalización del socialismo" después de que su partido perdiera el control total del Parlamento en las elecciones legislativas celebradas en septiembre pasado.

El sector alimentario, una prioridad de la ofensiva

* Con la estatización de frigoríficos, procesadoras y empresas lácteas, arroceras, cafeteras y azucareras, Chávez consolidó el control del sector alimentario para garantizar, según dijo, la "soberanía alimentaria".

Las cementeras, bajo la órbita estatal

* En 2008, anunció la nacionalización de toda la industria del cemento, sector al que acusó de atentar contra los planes oficiales de vivienda por exportar gran parte de la producción.

El petróleo, sostén del "socialismo del siglo XXI"

* Tras acordar la creación de empresas mixtas con mayoría estatal, en 2007 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tomó el control de los ricos campos petroleros de la Faja del Orinoco; los ingresos por el crudo son el sostén de la gestión chavista.

La telefonía, en manos del Estado

* El gobierno bolivariano nacionalizó la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv) en mayo de 2007, dentro de su política de control de los sectores estratégicos del país.

Nacionalización de tierras para su reutilización

* En 2008, Chávez intervino las 1500 hectáreas de la papelera irlandesa Smurfit Kappa, con el objetivo de reutilizarlas. En octubre pasado, nacionalizó Agroisleña, empresa agrícola de capital español.

El interés por el control de la siderurgia

* En abril de 2008, nacionalizó la compañía siderúrgica Sidor, del grupo argentino Techint. En octubre pasado, el gobierno se hizo con la firma Sidetur, filial de Sivensa, el principal grupo siderúrgico del país.

Acoso a la banca, a golpe de talonario

* En julio de 2009, formalizó la compra del Banco de Venezuela, filial del Grupo Santander, con un primer pago del total de 1050 millones de dólares acordados con la entidad española.

El sector eléctrico, entre las prioridades

* A través de una OPA lanzada en mayo de 2007, el gobierno de Chávez incrementó hasta el 92,98% su participación en la compañía estatal Electricidad de Caracas.

Nacionalización de tierras para su reutilización

* En 2008, Chávez intervino las 1500 hectáreas de la papelera irlandesa Smurfit Kappa, con el objetivo de reutilizarlas. En octubre pasado, nacionalizó Agroisleña, empresa agrícola de capital español.