Los alrededor de 30 vecinos que tomaron los terrenos del ex ferrocarril Belgrano en Chumbicha ya comenzaron a instalar carpas y construcciones precarias –con postes, plásticos y chapas- en las parcelas que se repartieron tras decidir usurpar las tierras por donde supo pasar tiempo atrás el tren y de las que hasta ahora el municipio sólo tenía la posesión. Desde el viernes, las familias, en su mayoría jóvenes, se instalaron en alrededor de tres manzanas contiguas a las construcciones del ferrocarril y realizaron una demarcación del predio en parcelas de 10 x 30 y de 15 x 30 metros. Hasta ahora, más allá de una denuncia realizada desde el municipio de Capayán y de un primer pedido de desalojo de parte del primer fiscal que entendió en la causa, no hubo ninguna orden de desalojo concreta que la Policía tuviera que ejecutar, por lo que la avanzada de los ocupas no encontró mayores obstáculos.

Después de que el intendente Pablo Názar, en diálogo con EL ANCASTI, asegurara que el 90% de los ocupas tiene “sueldo, techo y recursos para tramitar una vivienda”, Gonzalo, uno de los vecinos que participa en la toma le respondió: “El intendente dice que nos cono ce a todos, pero él no conoce la realidad en la que vivimos de la puerta para adentro. Vivimos dos o tres familias en dos habitaciones”.

Al margen de la causa que se tramita en la Justicia, Názar había anticipado que pediría la realización de un censo de los usurpadores, a fin de determinar las necesidades habitacionales reales de los ocupas. Hasta ayer no se había iniciado.

Cuestión de competencia

Aunque el municipio realizó la denuncia en la fiscalía de turno, el fiscal Ezequiel Walter giró el sábado las actuaciones a la Justicia Federal por entender que el predio, al no haber sido transferido al municipio, era de la Nación y por lo tanto debía abocarse al tema el fuero federal. Pero el criterio del fiscal no coincide con el de la Justicia Federal que, trascendió, podría hoy declararse incompetente por dos razones: una de forma, puesto que la declaración de incompetencia no llevaba la firma del juez de Garantías y, fundamentalmente, por entender que el predio está en posesión del municipio y como consecuencia es un bien que a la comuna le interesa preservar o defender. Según ese criterio, la Justicia provincial debería entender en la causa.